La variante ómicron: se han cumplido los peores presagios

Por fin ha sucedido lo que muchos temían y pocos se resignaban a aceptar: la vacunación desigual frente al coronavirus, con tasas muy dispares entre los países desarrollados y los más desfavorecidos ha dado alas al SARS-CoV-2 para 'rearmarse' con nuevas variantes, más sofisticadas, con más mutaciones, lo que, por ahora, no se traduce en más letalidad. La última, ómicron (acumula 55 mutaciones en su genoma, 32 de ellas en la proteína S, la fundamental para que el virus infecte a las células humanas) se ha dado a conocer hace unos días y ya ha conseguido que la OMS la califique de 'preocupante'.

En los casi dos años de pandemia, hemos aprendido mucho (y opinado más) de vacunas ARNm, variantes de coronavirus, inmunidad, etc, pero en lo que todos nos hemos puesto de acuerdo ha sido en poner el foco en las empresas farmacéuticas, sobre las que hemos depositado la esperanza -y la responsabilidad- de dar con medicamentos para tratar el covid y vacunas con gran capacidad inmunizadora frente al patógeno.

No es menos cierto que las expectativas depositadas en los desarrollos biotecnológicos se han acompañado, a menudo, de reticencias en torno a las buenas prácticas de las compañías, pero también de los países más desarrollados, que han sacado músculo para llegar los primeros a la meta de la inmunización universal. Se han subido al podio, ignorando que la carrera contra el covid no termina hasta que todos los estados alcancen la meta, porque mientras que el virus pueda expandirse le será más fácil mutar para seguir infectando y sobrevivir. Y ómicron es la demostración de ese poder.

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Este es uno de los escenarios que más preocupan a las organizaciones internacionales, y para garantizar el acceso universal a las vacunas en todos los países, en abril de 2020 se puso en marcha la iniciativa COVAX, coordinada por Gavi (Alianza para la Vacunación), la Coalición para la Preparación de Innovaciones para Epidemias (CEPI) y la OMS. Se trata de una plataforma de apoyo a la investigación, el desarrollo y la fabricación de una amplia gama de vacunas candidatas COVID-19 y para negociar sus precios. El compromiso es que todos los países participantes -190 - tengan el mismo acceso a las vacunas, independientemente de su nivel de ingresos. El objetivo inicial, como recoge la web de COVAX, era tener dos mil millones de dosis disponibles para fines de 2021, “lo que debería ser suficiente para proteger a las personas vulnerables y de alto riesgo, así como a los trabajadores de la salud de primera línea”.

Según sus impulsores, sin este proyecto, “existe un riesgo muy real de que la mayoría de las personas en el mundo queden desprotegidas contra el SARS-CoV-2, y esto permitiría que el virus y su impacto continúen sin cesar. COVAX se ha creado para maximizar nuestras posibilidades de desarrollar con éxito vacunas COVID-19 y fabricarlas en las cantidades necesarias para poner fin a esta crisis y, al hacerlo, garantizar que la capacidad de pago no se convierta en una barrera para acceder a ellas”.

Los dos polos de la pauta completa

Pero las buenas intenciones se quedaron en papel mojado cuando se aprobaron las primeras vacunas. Desde entonces, como defiende Virginia Rodríguez Bartolomé, responsable del proyecto de incidencia política del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), en un artículo de opinión difundido por la agencia SINC, “los países más prósperos -Unión Europea, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos y Japón – han alcanzado acuerdos bilaterales con la industria farmacéutica para la adquisición de una cantidad de dosis de vacunas que les permita inmunizar varias veces al conjunto de su población”.

El 54,4% de la población mundial ha recibido al menos una dosis de la vacuna, y los extremos oscilan del 70% de la población europea que ya tiene la pauta completa (España supera el 80%) al 5,9% de las personas de países de ingresos bajos que han recibido al menos una dosis. Esta brecha abismal refleja que la estrategia global está fallando.

Ya en verano, la propia COVAX admitía el fracaso: “En los ocho meses desde que las vacunas covid están disponibles, se han administrado casi cuatro mil millones de dosis y, sin embargo, el número de casos y muertes continúa aumentando. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que no estamos haciendo el uso global más eficiente de las dosis disponibles”.

Tercera dosis y la sombra de una sospecha

En ese contexto irrumpió otra variable: el debate (científico y también político) sobre la necesidad de inocular una tercera dosis, al menos, a algunos grupos de población para aumentar la protección frente a las nuevas variantes. Eso supuso un nuevo varapalo para los propósitos del proyecto COVAX, que manifestó abiertamente su oposición a la dosis de refuerzo: “A medida que está surgiendo evidencia sobre los posibles beneficios de las inyecciones de refuerzo frente a la propagación continua de la variante Delta [la que surgió el pasado verano, con un alto poder de transmisión], ofrecer a las personas completamente vacunadas una tercera dosis antes de que sea absolutamente necesaria es un ejemplo de que no estamos haciendo el uso global más eficiente de las dosis disponibles”.

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Agencias

Mientras, las farmacéuticas y los gobiernos cierran acuerdos ventajosos para todos. A principios de agosto, el 'Financial Times' publicó que en el nuevo contrato con la Comisión Europea, Pfizer BioNTech aumentaba el precio de su vacuna un 25% (de 15 euros pasó a 19,5 euros) y Moderna lo incrementó un 2% (de 19 a 21 euros). Para el futuro, Bruselas descartó a Astra Zeneca (que se vendía a precio de coste, 2 euros) y Janssen (8,4 euros).

Después de este anuncio, saltó la noticia de que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) estaba estudiando nuevos posibles efectos adversos debidos a -¿casualidad?- la inmunización con Pfizer y Moderna.

Responsabilidad compartida

Está claro que cada agente juega sus bazas a medida de sus intereses. A principios de agosto, un grupo de científicos de prestigiosas universidades (Oxford, Pensilvania, Princeton, Melbourne o Bergen, entre otras) publicaron en la revista ‘The Lancet’ el editorial ¿Cuáles son las obligaciones de las compañías farmacéuticas en una emergencia sanitaria global?, en el que partían de una premisa: “Todas las partes involucradas en la investigación, desarrollo, fabricación y distribución de vacunas COVID-19 necesitan orientación sobre sus obligaciones éticas. Nos enfocamos en las obligaciones de las empresas farmacéuticas porque su capacidad para investigar, desarrollar, fabricar y distribuir vacunas las coloca en una posición única para detener la pandemia”.

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Sin embargo, este reconocimiento no implica no cuestionar el papel que desempeñan los gobiernos y las organizaciones (incluida COVAX), y proponían diferentes modelos para facilitar el deseable acceso universal a la vacuna:

1. Multilateralismo (éticamente necesario): ni el enfoque de precios escalonados ni el de bienes públicos globales por sí solos garantizarán una distribución justa.
2. Combinación de enfoques: con la excepción de los parcialmente bilaterales y totalmente multilaterales, los enfoques pueden combinarse.
3. Para garantizar una distribución justa, una producción óptima y la sostenibilidad, los enfoques parcialmente bilaterales o totalmente multilaterales han de adoptar un marco de distribución más éticamente defendible que el enfoque poblacional de COVAX.

Entonces, ¿hay o no salida? Los firmantes del artículo son tajantes: “No existe un arreglo institucional autorizado y ampliamente aceptado para garantizar una distribución justa de las cargas en respuesta a pandemias u otras emergencias sanitarias mundiales. La necesidad de tal arreglo obliga a las empresas farmacéuticas, junto con los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales e internacionales y otros, a desarrollar en colaboración las innovaciones institucionales necesarias en previsión de la próxima emergencia. Responder con equidad a las emergencias sanitarias mundiales requiere abordar el amplio problema de la justicia en la difusión mundial de innovaciones valiosas”.

Dicho claramente: es necesario cambiar el modelo y hacer que el conglomerado actual de instituciones (públicas y privadas) sea capaz generar y distribuir los beneficios de la innovación, y una respuesta institucional más sólida.

Entonces, en lugar de ver ómicron como una amenaza, se puede interpretar como una nueva oportunidad para cambiar el actual modelo de respuesta universal a las emergencias sanitarias.