La indefinición de la Agencia Estatal de Salud Pública

Ya desde antes que apareciera nominalmente en el BOE, allá por el 2011, la Agencia Estatal de Salud Pública (en adelante AESAP), que entonces se llamó Centro Estatal…, se ha venido invocando como una especie de bálsamo de Fierabrás para nuestra maltrecha sanidad. Los fines de este organismo definidos en el anteproyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros serían “proteger la salud de la población frente a riesgos y amenazas contra la misma y mejorar su estado de salud y bienestar”. Debería ser capaz de prevenir y curar los no pocos déficits de la sanidad española en materia de salud pública, entendida esta en sentido amplio, y tan dramáticamente puestos de manifiesto durante la pandemia.

Si ello fuera realmente así, y no hay motivos para que no lo sea, lo que resulta difícil de entender es por qué no se ha constituido hasta ahora este organismo. Parecería como si los sucesivos Ministerios de Sanidad de la última década hubieran pensado en lo urgente y se hubieran olvidado de lo importante.

"Se ha hecho casi cuestión de Estado que la AESAP no se asiente en Madrid"

Pero las cosas no deben ser tan simples cuando un proyecto, largamente solicitado tanto por expertos como por partidos políticos de diverso signo (fue una petición unánime durante la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del 2020), y muchas veces prometido o anunciado por el Gobierno, continúa sin que se conozcan sus detalles más básicos pese a haberse ya presentado el referido anteproyecto, que tampoco es que especifique mucho.

La verdad es que esta andadura de la AESAP no difiere mucho de la que tuvo que recorrer en su día la Organización Nacional de Trasplantes (ONT). Ambas pasaron un largo periodo de hibernación desde su reflejo en el BOE hasta hacerse realidad (la ONT de 1980 a 1989 y la AESAP del 2011 hasta ya veremos cuándo), pasando por varios gobiernos que no movieron un dedo para desarrollarlos hasta que vinieron mal dadas y hubo que ir a rebuscar la idea y sacarla del baúl de los recuerdos: la desastrosa gestión de la pandemia en un caso y el desplome de la actividad trasplantadora, las quejas generalizadas y el caos organizativo en el otro.

Faltan por definir aspectos claves tan importantes como si la AESAP va a ser un macroorganismo que englobe todos los departamentos que en este momento están realizando mejor o peor las misiones que le van a ser encomendadas, o simplemente algo más pequeño y ágil que se coordine con todos ellos y a su vez con los equivalentes de las CCAA. Sin ánimo de exhaustividad, sus fines coinciden total o parcialmente con los del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, la Dirección General de Salud Pública, el Centro Nacional de Epidemiología, la Escuela Nacional de Sanidad y la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, todas ellas del Instituto de Salud Carlos III, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y la Agencia Española del Medicamento por lo que se refiere a sus misiones de farmacovigilancia. Difícil no generar roces.

Puesto que se ha hecho casi cuestión de Estado que la AESAP no se asiente en Madrid, la posibilidad de que englobe físicamente alguno de estos centros o parte de los mismos parece complicada, si bien los caprichos gubernamentales lo pueden casi todo. Invita más a pensar en algo ligero y con no demasiado personal, lo que contrastaría con lo declarado por algunas comunidades aspirantes a alojarla que hablan de grandes inversiones “que fijen población”. Su director/a va a tener que viajar mucho por toda España como corresponde a un organismo coordinador, pero va a pasar más tiempo en Madrid que en el lugar donde se anuncie su ubicación coincidiendo con cualquier proceso electoral. Desde luego, los presupuestos habilitados y no ejecutados para 2021 y 2022 iban en esa línea, aunque las cantidades previstas en el anteproyecto de los de 2023 ya implican al menos una dotación informática importante, aunque no en otras partidas. Como se ve, todo un cuidado ejercicio de indefinición, nada fácil de entender.

Se ha hablado mucho de su necesaria autonomía de gestión y la deseable independencia de los poderes políticos. Lo primero es un concepto meramente administrativo que no implica más que una forma de realizar dicha gestión; lo segundo en un organismo público dependiente del Ministerio de Sanidad es simplemente una quimera: va a estar sujeta a los vaivenes de este ministerio y los criterios de cada titular del mismo (quince en lo que va de siglo, con una vida media de año y medio). Va a depender mucho de la persona elegida para su dirección, su prestigio y solidez profesional.

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Y por fin, la prueba de fuego de la AESAP: su articulación con unas estructuras autonómicas que ya existen, están bien consolidadas y cuyas competencias no se pueden ni se deben interferir y mucho menos sustituir. Las comunidades probablemente colaborarán con la celeridad y el entusiasmo requerido para que el proyecto funcione en relación directa con el plus de calidad, seguridad y prestigio que les pueda ofrecer esta agencia estatal. Eso no es fácil de conseguir, aunque es verdad que los largos meses de pandemia y de reuniones constantes de las comisiones de salud pública han engrasado bastante el mecanismo de coordinación. La forma en que quede redactado el proyecto de ley y sobre todo el real decreto posterior que la desarrolle van a ser fundamentales para evitar conflictos competenciales e impugnaciones. Todo será mirado con lupa.

En suma, sin poner en duda ni la necesidad ni la futura utilidad de la AESAP, la falta de definición del proyecto, sin que nadie explique claramente lo que se quiere hacer, y la exasperante lentitud del proceso de creación que parece demorarla a la siguiente legislatura constituyen unos nubarrones que en nada contribuyen al fin perseguido.