Que te paguen por donar un riñón: Nueva York ha dado el paso

El pasado 29 de diciembre, la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, promulgó la llamada Ley de Apoyo a Donantes Vivos del Estado de Nueva York, el primer programa en los Estados Unidos que permite a las personas recibir un reembolso por los costos de las donaciones de riñón e hígado.

Pagar dinero a los donantes vivos de órganos en concepto de lo que sea, pero de una manera oficial, con el fin de animarlos a afrontar el proceso de donación y aumentar así las posibilidades de acceso al trasplante, es algo que está sobre la mesa desde hace bastante tiempo. No es un invento occidental. En 1988, la República Islámica de Irán, tras ver asolado su sistema de trasplantes con la revolución de los ayatolas en 1979, creó lo que se conoce como “modelo iraní”, una vía alternativa que cambió por completo la situación. Básicamente, el enfermo con indicación de trasplante renal se envía a una ONG controlada por el Estado, que le pone en contacto con una persona sana de sus características, que acepta la donación de uno de sus riñones a cambio de una cantidad de dinero que oscila entre 2.000 y 5.000 dólares, que paga el Ministerio de Salud, a los que puede sumarse otra cantidad variable que costea directamente el enfermo.

"Israel, en 2010, comenzó a compensar al donante de riñón con 10.000 dólares en concepto de gastos de recuperación y seguro sanitario"

El Estado designa los hospitales trasplantadores, cubre un chequeo al donante, los gastos de la intervención y un seguimiento médico del que carece la mayoría de la población iraní, para tratar posibles complicaciones. Con ello y un programa de donación de personas fallecidas desarrollado en la última década, en gran parte con metodología española, en 2021 trasplantaron cerca de 1.800 riñones, con una tasa de 20,9 trasplantes renales por millón de habitantes, muy superior a todos sus vecinos y que, aunque la tercera parte de la española, se compara con la de países de la Unión Europea como Alemania (23,7), Grecia (16,8) o Rumania (8,2).

Esta experiencia, aunque en un contexto cultural que nada tiene que ver con el occidental, ha estado durante todo este siglo en la base de numerosos movimientos neoliberales norteamericanos, que abogan por el establecimiento de incentivos económicos para los donantes vivos y en algunas versiones también para las familias de los donantes fallecidos. El objetivo final sería la creación de un mercado mundial regulado de trasplantes, algo desarrollado sobre todo por los integrantes de la escuela de Chicago, con Alvin Roth, premio nobel de economía 2012, a la cabeza.

Lo cierto es que, tanto al otro lado del Atlántico como en diversas partes del mundo, estas teorías ganan cada día más adeptos para solucionar el problema de la escasez de órganos, lo que no es extraño porque, entre otras cosas, la idea es muy simple y teóricamente reduce todo el trabajo de desarrollar un sistema estructurado de donación de órganos a un tema estrictamente económico. Conseguir riñones para trasplante sería equivalente a comprar prótesis de cadera o marcapasos, con una disponibilidad potencialmente ilimitada, porque en el mundo hay mucha gente necesitada y dispuesta a ceder un riñón o un fragmento de hígado a cambio de un cierto precio.

Pero estos planteamientos tienen sus problemas, aparte de las evidentes consideraciones éticas de vender un órgano. Si se paga por ceder un riñón en vivo, ¿por qué otros iban a seguir haciéndolo de forma altruista con sus órganos o los de sus familiares fallecidos? Todo el sistema de donación y trasplantes, del que dependen otros muchos órganos como el corazón o los pulmones que no se obtienen en vivo, tendría que ser reconsiderado y no está nada claro que para bien.

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Los defensores de esta línea de acción se apoyan también en el caso de Israel, un país que en el pasado fue el principal emisor de turismo de trasplantes, con pacientes que iban a comprar un riñón donde fuera, con el agravante de que luego eran reembolsados por las compañías de seguros que preferían pagar el trasplante a las diálisis.

Desde principios de siglo, el Gobierno israelí fue poniendo fin a esta bochornosa situación y, ante la evidente desproporción oferta-demanda, en 2010 comenzó a compensar con 10.000 dólares al donante de riñón en concepto de gastos de recuperación, seguro sanitario y un periodo de convalecencia posquirúrgica. Los trasplantes renales de vivo aumentaron un 64% el año siguiente y hoy están entre los más elevados del mundo, pero el programa de donante fallecido sigue siendo muy deficiente, con cifras de la quinta parte del español. De igual manera, estudios canadienses llegan a la conclusión de que, cuestiones éticas aparte, aun con incrementos tan modestos como un 5%, pagar 10.000 $ sería costoefectivo ante el ahorro en diálisis.

Por supuesto, la ley neoyorquina no plantea que el dinero destinado al donante sea un pago sin más, sino un reembolso de los gastos derivados del proceso de trasplante de riñón o hígado con una serie de condicionantes. Tanto el donante como el receptor tienen que ser residentes en el estado de Nueva York, el tiempo justificado de pérdida de ingresos será como máximo de 8 semanas y el donante no podrá tener ingresos superiores a 125.000 $/año. En las referencias de prensa se alude a una cantidad de 10.000 $ para compensar al donante (que no figura explícitamente en el texto de la ley), aunque el tope en los gastos a justificar se fija en 14.000 $, cantidad en todo caso sensiblemente superior a la financiada por el Estado iraní en su modelo de compraventa.

En la base de la nueva regulación está que el problema de los obstáculos económicos y laborales que dificultan la donación efectiva de un órgano en vivo existe y es universal, aunque modulado por el grado de protección social de cada país (ausencias y bajas laborales, posibles complicaciones, etc). En España, la ONT lo ha intentado abordar en diversas ocasiones y con ambos partidos mayoritarios en el gobierno. El resultado ha sido siempre negativo al toparse con el muro infranqueable de los ministerios de trabajo y seguridad social, con unas estructuras funcionariales impermeables a las propuestas de los sucesivos ministerios de sanidad, sin ninguna fuerza en el Consejo de Ministros ni demasiado interés por el tema. La última propuesta de conceder al donante de riñón una protección social similar a la de las embarazadas fue igualmente denegada pese a que se trata de un colectivo de no más de 400 personas al año y el coste sería ridículo en comparación con cualquier otra ayuda o subvención.

Opinión

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La ley impulsada por el senador de origen puertorriqueño Gustavo Rivera ha sido recibida localmente de manera muy positiva como una forma de afrontar la escasez de órganos que, en Nueva York, uno de los últimos estados USA en donaciones, condiciona unos tiempos de espera para un riñón entre 5 y 7 años (1-1,5 años en España). Ya se oyen voces, sobre todo, de las asociaciones de enfermos para extender esta medida a todo el país y lo malo es que caben pocas dudas de que serán latinos y afroamericanos las etnias que van a integrar mayoritariamente el grupo de los donantes retribuidos.

Habrá que valorar los resultados de esta iniciativa, pero dada la relevancia de todo lo que viene de Estados Unidos, es de esperar que pronto salte a otros países y a no mucho tardar se empiece a proponer en Europa. El riesgo de que lo que se concibió como una forma de allanar obstáculos a la donación de vivo se convierta en una puerta abierta a la comercialización está ahí y ojalá quede solo en una falsa alarma, pero somos muchos los que nos tememos que no va a ser así.