Por un pacto de Estado por la Sanidad

El Sistema Nacional de Salud, en su día joya de la corona de la protección social y motivo de orgullo ciudadano, ha pasado en pocos años a estar entre las principales preocupaciones de los españoles recogidas por el CIS. En medicina, para tratar adecuadamente cualquier enfermedad, es preciso llegar a un diagnóstico correcto en el que estén de acuerdo todos los responsables de aplicar la terapia más adecuada. Si aplicamos este principio a la delicada situación por la que atraviesa la sanidad española, quizás lo primero en que habría que estar de acuerdo es que el deterioro de la situación ha sido de tal calibre en lo que llevamos de siglo de crisis, pandemia, indolencia y disputas políticas absurdas que solo una acción concertada y con un profundo acuerdo de todos los implicados haría posible su reconstrucción.

Debo reconocer que hay pocas esperanzas de que se vaya a conseguir semejante acuerdo dentro de la lucha partidista que invade nuestra vida política y más en un año plurielectoral como este. Sin embargo, las posibilidades que abren las caras nuevas tras las distintas elecciones invitan a la esperanza de que algo cambie en sentido positivo. Como paso previo, es necesario al menos llegar a un diagnóstico de situación y analizar las posibles soluciones. La Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados en 2020 fue un buen intento, pero sus discusiones y conclusiones apenas se han plasmado en nada concreto.

TE PUEDE INTERESAR

La indefinición de la Agencia Estatal de Salud Pública

Dr. Rafael Matesanz

De acuerdo con la Constitución de 1978 y leyes posteriores que la desarrollaron, las competencias sanitarias fueran atribuidas a las comunidades autónomas (creo que acertadamente), quedando la administración central con un papel muy importante, aunque no bien articulado, de coordinación, elaboración de leyes y competencias en farmacia, formación posgraduada y representación de España en el exterior, entre otras. El mapa sanitario autonómico tardó casi un cuarto de siglo en completarse hasta el 2001, con la desaparición del Insalud, que aún entonces gestionaba la sanidad de 10 CCAA y más de 14 millones de personas.

En este contexto, es un hecho fácilmente comprobable que desde hace ya unas cuantas décadas, la sanidad en España ha estado gestionada por los dos partidos mayoritarios en el Ministerio para el conjunto del Estado y por estos más los distintos partidos nacionalistas en las comunidades. Lo que de bueno se haya hecho en nuestro sistema nacional de salud, que es mucho, tiene una responsabilidad política compartida por todos estos partidos. Por el contrario, las políticas erróneas que han tendido a erosionar el sistema y que nos han conducido a la situación actual de crisis sanitaria pueden ser atribuidas difícilmente a determinados partidos, sino más bien a la gestión sucesiva de todos los que han intervenido en el gobierno de España.

Discusiones eternas

Las eternas discusiones que, sobre todo en periodos electorales como el que vivimos, pretenden culpar a uno u otro del deterioro de la sanidad, lo único que tienen en común es su esterilidad en cuanto a la solución del problema. Invocar los recortes llevados a cabo tras la crisis del 2008 lleva inmediatamente a recordar quienes negaron reiteradamente su existencia hasta que no hubo remedio alguno y realizaron las políticas previas que dejaron al país prácticamente en la quiebra y obligaron a aplicar las recetas europeas de austeridad que tantos daños provocaron. Sobre las eternas proclamas de privatización del sistema sanitario que se vienen aduciendo desde mediados de los noventa, hay que reconocer al menos que, de existir, se trataría de un proceso poco eficiente, ya que en 30 años aún no lo han conseguido. En todo caso, no parece que la concertación con empresas privadas hubiera sido el camino de esta presunta progresiva privatización porque, según datos del propio Ministerio de Sanidad, en la última década el porcentaje del presupuesto sanitario dedicado a conciertos ha pasado del 9,59 al 8,46%, y en la Comunidad de Madrid, hacia la que suelen dirigirse las miradas y los dedos acusadores cuando se invoca la privatización, de 10,31 a 8,48%.

Pero igual que hay una responsabilidad compartida, cualquier tipo de solución tiene que venir dada por un acuerdo de las fuerzas políticas que vayan a gestionar la sanidad en los próximos años y que, visto cómo están las cosas, pueden ser la mayoría de las que integran el arco parlamentario. De nada sirve que el gobierno central establezca unas líneas de actuación y unas disponibilidades presupuestarias si luego las comunidades donde no gobierne el mismo partido van en dirección contraria y deciden por ejemplo que son otras sus prioridades y el destino de los fondos.

Nos guste más o menos, lo cierto es que ningún partido por sí solo puede solucionar la encrucijada en la que se encuentra nuestra sanidad ya que ello solo será posible si hay una colaboración leal y sincera. Solo sacándola de la lucha partidista y poniendo a su frente a verdaderos gestores con capacidad de liderazgo y que conozcan el sistema y no a políticos de paso que aspiran solo a publicitarse para otro cargo (llevamos 16 ministros/as desde el cambio de siglo) se puede aspirar a encontrar soluciones.

Por apuntar hacia algo positivo, es posible que la gravedad de la situación actual haga reflexionar un poco a nuestros políticos y se sientan dispuestos a cooperar y a afrontar el necesario pacto de Estado por la sanidad. Cosas más raras se han visto.