No sabemos cuántos suicidios hay en España, pero sí que son más de lo que nos dicen

Algo no terminaba de cuadrar en las cifras, así que Berta Moreno-Küstner y Fabiola González Sánchez, de la Universidad de Málaga, decidieron levantar el teléfono y preguntar familia a familia. Según los datos del Boletín Estadístico de Defunción Judicial (BEDJ), en 2017 se enterró en el Parque Cementerio de Málaga a 15 personas que se habían quitado la vida. Sin embargo, había una zona gris de decenas de casos que no terminaban de quedar claros en la estadística, por lo que decidieron recurrir a la vieja estrategia de preguntar a las familias qué había pasado.

La cifra resultante era mucho más elevada. Ya no eran 15, sino 65 suicidios confirmados. Es decir, alrededor de un 73% de los suicidios no estaban identificados como tales en el BEDJ, que sirve para elaborar la estadística a nivel nacional. En 2022, último año del que se disponen de cifras, se notificaron en España 4.227 suicidios. Si extrapolásemos de manera tosca los hallazgos de los investigadores malagueños publicados en Gaceta Sanitaria, tal vez en España se habrían suicidado 18.317 personas.

El suicidio es la principal causa de muerte externa desde 2008, cuando superó a los accidentes de tráfico, pero el consenso entre todos los expertos es que las cifras son mayores, como mostraba la investigación de Moreno-Küstner. ¿Cuánto? A nivel global, la OMS valoraba en 2010 que se pierden entre el 40 y el 50% de los datos. Los que mejor conocen la respuesta son los familiares, pero las estadísticas las cumplimentan jueces y médicos forenses, y ni siquiera ellos pueden estar siempre seguros.

"No disponemos de una precisión total respecto a cuántas personas realmente pierden la vida por suicidio en ningún año específico", añade Miguel Guerrero, responsable de la Unidad de Prevención e Intervención Intensiva de la Conducta Suicida UPII Cicerón. Muchos de los casos que aparecen clasificados como muertes accidentales (ahogamientos, caídas, accidentes de tráfico, ingestas de medicamentos) probablemente sean suicidios, pero no aparecen clasificados como tales.

La estadística tiende a ser conservadora, en parte por razones económicas: los seguros de accidentes no cubren el suicidio; los de vida sí

La propia naturaleza del suicido explica estas dificultades de medición, porque como recuerda Guerrero, "no es nada fácil determinar con precisión la intencionalidad de una persona que se autolesiona letalmente". No suelen realizarse autopsias psicológicas que permitan determinar la intencionalidad del acto. Por lo general, la estadística tiende a ser conservadora, es decir, a no reflejar el suicidio si no está confirmado fuera de toda duda, tanto por las implicaciones que puede tener para la familia una cuestión que sigue siendo tabú como por cuestiones económicas: los seguros de accidentes no cubren el suicidio, mientras que los de vida sí.

La realidad es que hasta la fecha nadie ha sido capaz de establecer un método fiable ni suficientemente veloz (algunos datos se publican con dos años de retraso) para reflejar el número real de suicidios. Como recuerda Andy Eric Castillo Patton, investigador en el Área de Psicología Social de la Universidad Complutense de Madrid, un estudio realizado en Canarias en 1989 ya mostraba que se habían perdido 1.000 suicidios en las estadísticas del momento. "En la actualidad este margen se ha reducido en base a cierta mejora de los procedimientos, pero sigue habiendo pérdidas y discrepancias entre los datos que proporciona el INE y los Institutos de Medicina Legal", explica. Toda certificación de muerte pasa por tal cantidad de filtros que es imposible conocer la profundidad de la subnotificación.

Las estadísticas raramente cuadran

Una muestra de que los números nunca salen es lo que ocurría hasta 2007. Christian Orgaz Alonso, doctor en sociología y cofundador de Indaga, se interesó por esta cuestión al darse cuenta de que la Estadística de Suicidios (judicial) y la Estadística de Defunciones según Causa de Muerte (sanitaria) que coexistían hasta entonces presentaban una diferencia de entre 1.000 y 1.500 casos en favor de la segunda. "Eso, teniendo en cuenta que los casos rondaban los 3.000, era una diferencia de alrededor del 30%". Una exageración.

¿Cómo es posible que hubiese tal diferencia entre los datos recabados por dos fuentes distintas? Como ocurrió en el caso de Málaga, Orgaz decidió recurrir junto a su coautor, Asier Amezaga, a las fuentes originales: médicos, profesionales del INE, revistas forenses y otros expertos. "Llegamos a dos conclusiones", explica el sociólogo. "La primera era que la estadística sanitaria estaba más digitalizada que la judicial, que a veces simplemente era el funcionario de cada distrito mandando las estadísticas al INE por correo postal".

Lo más importante, no obstante, era que las prácticas de registro e imputación de unos y otros eran distintas. ¿Qué es un suicidio? Como explica Orgaz, "para que un juez impute que algo es un suicidio lo tiene que tener muy claro: que se pudiera establecer que algo externo te ha provocado la muerte y que existiera voluntariedad". En muchos casos, si no había una carta de suicidio, no se indagaba más en la motivación del fallecido. La palabra que prevalecía era la del juez.

"Si alguien se tira por la ventana y muere a las semanas, la causa no es suicidio"

La estadística médica, por el contrario, era más completa y además encajaba con los estándares de la Organización Mundial de la Salud, por lo que en 2006 decidió extinguirse la judicial. ¿Asunto resuelto? Para nada, por dos razones. La primera, que tampoco la estadística actual sirve para recoger fielmente el número de suicidios real. Orgaz pone el ejemplo de alguien que se arroja por la ventana de su casa y muere semanas después a causa de las heridas. "En ese caso, la causa de la muerte no es suicidio", explica. "Aunque la estadística médica tiene mayor potencialidad para recoger los suicidios, se ajusta a un criterio puramente médico, así que en muchos casos no indagan más".

La segunda es que aunque la estadística judicial estaba deteriorada y llevaba años descuidándose, presentaba una serie de informes muy detallados que resultaban útiles para los investigadores. Los profesionales lamentan haber perdido toda esa información sociológica. "Desde el punto de vista sociológico y periodístico, hemos perdido la encuesta que nos daba variables sociales como la clase social o el trabajo", lamenta Orgaz. "Se nos ha quedado descontextualizado, lo que es clave para elaborar medidas públicas".

"Se pierde eficacia comunicativa. Y esto es bastante importante", añade Castillo. "El hecho de que el INE desarrolle este tipo de boletines, al igual que hace con las notas de prensa, permite un mejor encuadre y conocimiento público del suicidio. Es más fácil encontrar la estadística sin detenerse en el desarrollo de una búsqueda más sosegada. Todo lo que sea pérdida de eficiencia en la disponibilidad de la información y de los datos es una pérdida de efectividad tanto para ciudadanos como decisores".

¿Quién decide quién se ha suicidado?

El procedimiento burocrático que certifica un suicidio como tal es extremadamente complejo, una especie de las 12 pruebas de Asterix judicial donde hay que saltar de acrónimo en acrónimo. En primer lugar, como explica Castillo, autor de Contención del suicidio en España: evaluación del diseño de las políticas y Planes de Salud Mental de las Comunidades Autónomas, la Estadística de Defunciones se elabora a partir de "situaciones en las que una delegación lleva a cabo una investigación in situ para dictaminar el levantamiento de cadáver bajo la presencia de un juez de instrucción, un secretario judicial y un médico forense".

Aquí empieza la yincana. Dicho Juzgado de Instrucción, en colaboración con el Instituto de Medicina Legal (IMF) pertinente, remite los datos a la oficina del Registro Civil de cada municipio. Esta cumplimenta un Boletín Estadístico de Defunción con Intervención Judicial (BEDJ) donde se especifican las causas de muerte siguiendo un código alfanumérico recogido en los estándares del CIE. Este documento se remite a cada delegación provincial del INE, que genera la estadística final. Para más inri, el suicidio se registra bajo la etiqueta de "muerte por autolesiones".

En ese laberinto es donde se produce "el primer nivel de problema de subnotificación": "Se producen errores de comunicación entre el IMF, el Juzgado de Instrucción y el órgano del Registro Civil en la elaboración del BEDJ, dejándose información relativa a la causa de muerte sin rellenar o presentando otra causa dictaminada en el lugar de los hechos", explica el investigador. "Es decir, a veces se manda el BEDJ sin contar con el informe médico-forense definitivo o antes de que llegue una revisión del mismo, sobre todo porque los tiempos de trabajo de cada administración son diferentes". El resultado es que los resultados del INE no concuerdan con los de los IMF.

Para más inri, cada comunidad autónoma trabaja de una manera distinta, lo que complica aún más la homogeneización de los datos. País Vasco, Cataluña, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana son las regiones que "más insistencia y detalle formal le ponen a la promoción y priorización en la investigación sobre la conducta suicida, incluso comprendiendo la importancia de incorporar la perspectiva de género al análisis epidemiológico y psicosocial del suicidio", añade Castillo. "País Vasco destaca en promocionar la revisión y la creación de una estadística propia, proponiendo incluso la incorporación de la variable de la categoría laboral a todo registro de consumación, intento e ideación".

No todos los suicidios se infravaloran igual. La investigación realizada en Málaga mostraba que ninguno de los casos relacionados con asfixias por sofocación y sumersión, heridas por arma de fuego, intoxicación medicamentosa o traumatismos craneoencefálicos fueron identificados de forma oficial como suicidios.

¿Qué hacemos entonces?

La gran pregunta es hasta qué punto resultaría costoso (y útil) intentar obtener una cifra más cercana a la realidad. Guerrero lo tiene claro, a pesar de que es consciente de las dificultades de mejorar el proceso: "Hay que aspirar a mejorar la exactitud, fiabilidad y precisión de los datos, es una medida de prevención básica y tratándose de este enorme problema social es ético intentarlo", señala. Una de las soluciones para volver a recuperar la información perdida por la estadística judicial sería la creación de un observatorio nacional público, propone.

Japón tiene un sistema de notificación que les permite reaccionar muy rápido

La OMS suele lamentar que muchos países carecen de estadísticas de suicidio. Aunque calcula que cada año 700.000 personas se suicidan en todo el mundo, saben que el número es mucho mayor. En el extremo opuesto se encuentra Japón, en su día uno de los países con mayores tasas de suicidios, donde como explica Guerrero disponen de un sistema de notificación en tiempo real "que les facilita tomar decisiones e intentar ajustar las medidas de prevención a la realidad observada". No se trata solo de datos, sino de las estrategias, planes y acciones de prevención que estos permiten poner en marcha.

Si resulta importante disponer de mejores datos en menos tiempo es porque permiten atajar antes problemas como la epidemia de salud mental entre los adolescentes. Castillo propone plantear mecanismos que armonicen las estadísticas que proporcionan los Institutos de Medicina Legal y el INE. "Las Comunidades Autónomas se deberían plantear la elaboración de un registro propio, no por duplicar labores o instituciones, sino por corroborar cifras", añade. Coincide con Guerrero en la necesidad de la creación de observatorios del suicidio, pero a nivel de comunidad autónoma.

Quizá baste con una cuestión de procedimiento. Orgaz sugiere que, si alguien tuviese tiempo, recursos y ganas, podría ir a un psiquiátrico, hacer un seguimiento de los pacientes durante un tiempo y, al cabo de los años, comprobar qué ha sido de ellos y si sus muertes han sido consideradas como suicidios. Es decir, el mismo proceso que el de la investigación malagueña, pero al revés.

"Si no se mejoran las estadísticas de suicidio se corre el riesgo de infraestimar el fenómeno, de restarle importancia tanto en términos absolutos como relativos, que se vaya al fondo de los problemas importantes", concluye Castillo. "Últimamente se habla mucho de las cifras de tentativas, sobre todo entre jóvenes, pero si no están siquiera completas las estadísticas de muerte por suicidio, la especulación y extrapolación de estudios clínicos puede ser inadecuada o, incluso exagerada".