Una insólita unanimidad parlamentaria: la protección del donante vivo

El pasado 28 de mayo, se producía en el Congreso de los Diputados un hecho bastante extraño para los tiempos que corren, aunque sin repercusión alguna en prensa salvo en círculos especializados. Todos los grupos políticos aprobaban por unanimidad una proposición de ley impulsada por el PSOE con el fin de mejorar la protección de los donantes vivos de órganos para trasplantes.

El tema no es nuevo, De hecho, el pasado año se votó ya la misma proposición con análogo resultado, solo que todo quedó en nada por el adelanto electoral. No es extraño, por tanto, que uno de los diputados calificara la votación como El día de la marmota, al tiempo que señalaba lo obvio: ¿Cómo es posible que, existiendo un amplísimo consenso legal y parlamentario, la solución de un problema cuya existencia todo el mundo reconoce siga demorándose sine die?

Y es que, efectivamente, la cosa viene de bastante lejos, aunque ya hace mucho tiempo que las ventajas de estas terapéuticas están muy claras y perfectamente demostradas. La donación de vivo en el caso del riñón es la mejor opción que le podemos ofrecer a un enfermo con insuficiencia renal, con una expectativa de funcionamiento sensiblemente superior a la que ofrece el trasplante de persona fallecida. Además, el trasplante representa, en costes para el sistema, un ahorro de unos 150.000 € por enfermo durante sus cinco primeros años de funcionamiento si se le compara con la hemodiálisis y siempre con una supervivencia mayor que aquella. En el caso del hígado, el trasplante de un fragmento, casi siempre de los padres a un niño pequeño, obvia la necesidad de encontrar un donante fallecido, acelera los tiempos y al igual que ocurre con el riñón, ahorra un órgano para otros enfermos.

Frente a estos datos positivos, la donación en vivo plantea también algunos problemas. Los donantes por definición son personas sanas que precisan de exploraciones analíticas y radiológicas, a veces prolongadas, seguidas de los trámites legales y el ingreso hospitalario para la cirugía con un posoperatorio que sobre todo en el caso del hígado puede complicarse y alargarse. Este proceso produce indefectiblemente ausencias laborales que en el caso de empleados públicos no suelen generar excesivos desajustes, pero que en las empresas privadas y ya no digamos en los autónomos los pueden originar y mucho.

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En la actualidad estas situaciones se bandean mediante la prestación de incapacidad temporal por enfermedad común, algo no muy coherente, pues el donante, por definición, es una persona que no padece enfermedad alguna. Mientras que la donación de vivo era casi testimonial en España, (en el año 2000 se hicieron tan solo 19 de riñón y 10 de hígado) el problema estuvo latente, pero el crecimiento de actividad experimentado en el presente siglo junto con las dificultades que trajo consigo la crisis económica del 2008 lo hicieron aflorar. Tanto la ONT como las asociaciones de enfermos comenzaron a mover el tema a mediados de la década pasada, coincidiendo con el caso de un despido laboral y diversos conflictos entre empresas y trabajadores donantes, que pusieron de manifiesto que se trataba de un problema real y había que afrontarlo.

La proposición de ley llevada al Congreso prevé una cobertura legal, laboral y económica a las ausencias laborales necesarias para la fase previa al trasplante y el periodo de realización del mismo junto con el postoperatorio, proporcionando una incapacidad temporal especial que garantice la percepción del 100% de su sueldo, sin que para todo ello sea exigible un periodo mínimo de cotización previa, lo que sin duda solventaría la situación.

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Desde el punto de vista cuantitativo se trata de un tema muy limitado. Concretado en los órganos, que es donde verdaderamente están los problemas, el pasado año se hicieron en España 433 trasplantes de riñón y tan solo 2 de hígado con donante vivo. Si lo extendemos a la donación de médula ósea/progenitores hemopoyéticos, la mayoría de ellas simples aféresis realizadas sin ingreso hospitalario y en las que no cabe esperar complicación alguna, los datos de los últimos años publicados son de 800-900 trasplantes de donante emparentado a los que habría que sumar las 200-300 donaciones hechas en España para pacientes no emparentados. Es decir, estamos hablando de un número muy reducido de posibles beneficiarios, que implicarían un coste muy pequeño para las arcas públicas.

Al llegar a este punto, señalar que el borrador de la ley plantea una extraña lista de donaciones en vivo de órganos como el pulmón, páncreas y "aparato digestivo" (se supone que intestino), que aunque posibles, no se han hecho nunca en España ni es verosímil que se hagan por estar ya bastante superadas, mientras que las de córnea (que no es un órgano, sino un tejido, igual que la médula ósea) y corazón. Estos trasplantes solo son posibles en casos excepcionales de enucleación de un ojo por otro motivo con córnea sana, o en el trasplante "dominó", en que se extraen unos pulmones enfermos y un corazón sano para sustituirlos por un trasplante de corazón pulmón, situaciones ambas bastante exóticas y que desde luego, nada tienen que ver con la donación altruista de un órgano por parte de una persona sana. Bastaría con haber escrito "cualquier órgano, tejido o células susceptibles de ser trasplantados de donante vivo". Un asesoramiento técnico de los redactores de la ley en un país que cuenta con la mejor organización de trasplantes del mundo quizás no habría estado de más.

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El tema se planteó formalmente en 2017 a la entonces ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, lo que generó una proposición no de ley en el Congreso que no llegó a prosperar por el cambio de Gobierno. Han pasado 7 años y 7 ministros/as de Sanidad y el problema sigue sin solucionar. Los motivos, aparte su escasa permanencia que hace que probablemente algunos de ellos ni siquiera se llegaran a enterar de que este problema existía, es el hecho que, aunque el asunto parezca simple, para solucionarlo son necesarias reformas legales de cierto calado. Según marca la actual proposición de ley, sería precisa la modificación de cinco artículos de la Ley General de la Seguridad Social, así como de uno del Estatuto de los Trabajadores. Además, conllevaría la renovación de otros reglamentos de cobertura social que afectan de manera particular a empleados públicos, los militares, los mutualistas o los funcionarios civiles del Estado o de la Administración de Justicia.

En este escenario, unos ministros de Sanidad que desde hace dos décadas son poco menos que las cenicientas del Gobierno, no se han visto ni con fuerzas ni con ganas de afrontar el asunto teniendo enfrente a sus poderosos colegas de seguridad social, trabajo, hacienda y algunos más, y por debajo de ellos a la clásica y tenaz resistencia al cambio de todos estos departamentos administrativos.

Y así vamos, a la propuesta actual le queda aún un largo camino de trabajo parlamentario, siempre con la espada de Damocles de un posible adelanto electoral que una vez más daría al traste con ella. De ocurrir así, habría que pensar que un proyecto donde todo el mundo está de acuerdo, sin embargo, está claramente gafado.