Sanidad y las CCAA aprueban el reparto de 68 millones de euros para ampliar la cartera de salud bucodental

El Ministerio de Sanidad y las CCAA han aprobado este viernes, en el seno de una reunión extraordinaria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), el reparto de los cerca de 68 millones de euros destinados a ampliar la cartera de salud bucodental, tal y como se aprobó recientemente en el Consejo de Ministros.

"Es una demanda histórica, porque no se puede entender nuestro Sistema Nacional de Salud sin entender que también tiene que incluir la salud bucodental", señaló la ministra de Sanidad, Mónica García, el pasado 18 de junio.

Inicialmente, en esta prescripción está incluida la salud bucodental de la población infanto-juvenil, embarazadas, personas con discapacidad y personas con cáncer, en concreto, aquellas personas diagnosticadas de procesos oncológicos del territorio cervicofacial. Desde la puesta en marcha de este plan, en el año 2022, e incluyendo la cantidad destinada en estos presupuestos, las comunidades han dispuesto de una inversión total de 180 millones de euros.

Según el Ministerio de Sanidad, el Plan de Salud Bucodental pretende alcanzar un doble objetivo. Por un lado, homogeneizar las prestaciones de atención de salud bucodental en el territorio nacional, garantizando la equidad en su acceso, independientemente del lugar de residencia. Por el otro, incrementar los servicios comunes que, hasta ahora, no se prestaban por la sanidad pública, con un enfoque fundamentalmente preventivo y priorizando a los colectivos mencionados.

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En 2023, con una inversión de 68 millones de euros, las CCAA han ejecutado el 84,5 por ciento del presupuesto, 57,5 millones de euros en gasto comprometido.

Entre los resultados más destacados de 2023, Sanidad subraya que se atendieron más de 1,1 millones de menores de 0 a 14 años (23,33% de cobertura) y a 111.755 mujeres embarazadas (34,07% de cobertura, un aumento de 2,42 puntos respecto a 2022).

Pacientes oncológicos

El objetivo del Plan para el ejercicio 2024 es incorporar las prestaciones públicas odontológicas y medidas preventivas siguientes: a toda la población se le ofrecerá información y recomendaciones sanitarias individualizadas sobre las medidas básicas higiénicas y dietéticas necesarias para alcanzar y mantener la salud oral; consejo odontológico; tratamiento de procesos agudos odontológicos; tratamiento farmacológico de la patología bucal que lo requiera; exodoncias, exodoncias quirúrgicas y cirugía menor de la cavidad oral; detección precoz de lesiones premalignas y, en su caso, biopsia de lesiones mucosas.

Adicionalmente, en el caso de la población infantojuvenil y de las personas mayores de 14 años con discapacidad intelectual o con una discapacidad limitante de la movilidad de los miembros superiores se incluyen revisiones periódicas; tratamientos preventivos como tartrectomías, aplicación de sustancias remineralizantes, antisépticas y desensibilizantes, el sellado de fosas y fisura; y también, actuaciones de carácter restaurador como obturaciones en lesiones que no asocien daño pulpar irreversible, tratamientos pulpares y la reubicación, estabilización y ferulización de dientes incisivos y caninos definitivos en caso de traumatismos.

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En el caso de personas que presenten alteraciones conductuales severas y que no sean capaces de mantener el necesario autocontrol que permita una adecuada atención a su salud bucodental, se garantizará las prestaciones de los servicios mediante el correspondiente tratamiento sedativo o de anestesia general.

Para las mujeres embarazadas y las personas diagnosticadas de procesos oncológicos cervicofaciales se contempla también la exploración clínica, así como, cuando esté indicado, la tartrectomía y aplicación de sustancias remineralizantes, antisépticas y/o desensibilizantes.

En cuanto a la distribución de fondos para el ejercicio de 2024, el Gobierno ha destinado a Andalucía 13.999.530,60 euros (20,57% del total); a Aragón, 1.987.293,60 euros (2,92%); 1.191.015,00 euros a Asturias (1,75%); 1.803.537,00 euros a Baleares (2,65%); 2.926.494,00 euros a Canarias (4,3%); 803.084,40 euros a Cantabria (1,18%); 3.110.250,60 euros a Castilla y León (4,57%); 3.219.143,40 euros a Castilla-La Mancha (4,73%); a Cataluña, 12.311.692,20 euros (18,09%); a Comunidad Valenciana, 7.690.554,00 euros (11,3%); 1.558.528,20 euros a Extremadura (2,29%); Galicia, 3.355.259,40 euros (4,93%); 10.494.543,60 euros a Madrid (15,42%); 2.749.543,20 euros a Murcia (4,04%); 483.211,80 euros a La Rioja (0,71%) y 374.319,00 euros para el INGESA (0,55%).