La "oveja negra" de la salud mental: "Es como jugar a la ruleta, pero con un coma o la muerte"

Supongamos que una persona con un trastorno de adicción a las drogas entra en un programa de mantenimiento de metadona en Canarias. En esta comunidad, la gestión del fármaco, que se administra con el objetivo de sustituir a la heroína o cualquier otra droga derivada de los opiáceos a la que se haya generado una dependencia, es tarea de una asociación u ONG. A su vez, el paciente acude a su médico en Atención Primaria y le pide medicamentos tranquilizantes para calmar sus nervios, pero en ningún momento le comenta que tiene prescrita metadona y el profesional sanitario no tiene otra manera de saberlo.

Esta acción puede conllevar riesgos graves para la salud debido a una falta de coordinación entre la actividad sanitaria y los centros de atención a la drogodependencia. Por ese motivo, el Defensor del Pueblo ha iniciado una actuación de oficio pidiendo a las CCAA los detalles de la situación y haciendo un reclamo para activar esa coordinación en caso de no existir. Solicitan también los fallecimientos causados por la mezcla de metadona y tranquilizantes en los últimos 5 años y si los facultativos del servicio público de salud tienen acceso a la información sobre prescripción de metadona de sus pacientes efectuado en centros de atención a los drogodependientes.

Y no es lo único que reclaman, la institución también quiere conocer si los médicos pueden conocer la historia clínica del servicio autonómico de salud y las actuaciones que están implementando o tienen previsto llevar a cabo para facilitar ese acceso a los datos de los pacientes.

Lo cierto es que el panorama "es muy complicado", al menos para la doctora Vanessa Deniz, miembro del Grupo de Trabajo de Salud Mental de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen). Ella vive en Canarias y conoce bien la situación, tras muchos años trabajando en el Servicio Canario de Salud, ahora está en instituciones penitenciarias, donde ve problemas de adicción habitualmente.

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"Aquí las adicciones las lleva una ONG distinta en cada isla. Es decir, que si un paciente llega a consulta con estos problemas, se le deriva a la organización y allí se dispensa la metadona. El problema es que el paciente, si quiere, se lo dirá a su médico de cabecera y si no, pues no se quedará reflejado en ningún sitio. Otro problema es que como las ONG no pertenecen al servicio de salud, no se les da acceso a la historia de los pacientes", explica a este periódico.

Además, insiste en que aparte de los sedantes, hay más fármacos que no se deberían mezclar con la metadona: "Por ejemplo, las quetiapinas [antipsicótico] tienen sus interacciones farmacológicas más relevantes con los opiáceos, producen arritmias ventriculares y el paciente puede fallecer. Tampoco se debería combinar con antidepresivos tricíclicos. Es más, es que si viene a consulta un paciente que toma metadona con dolor intenso y tras la exploración considero que debo recetarle un opioide, no podría, pero si no lo sé... Vamos a ciegas", continúa la doctora.

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Igualmente, reseña que lleva ocho años intentando que se firme un acuerdo entre el Ministerio del Interior y su autonomía para que pueda acceder a la historia clínica: "Yo no sé lo que toman cuando ingresan en prisión. En ocasiones me lo cuentan, pero otras no es verdad. Cuando solicito la información, los hospitales me la facilitan en tres o cuatro días, pero Atención Primaria es un dolor. Queremos trabajar bien y con seguridad para el paciente, si la información no fluye también el médico sufre las consecuencias".

Según los últimos datos del informe Alcohol, Tabaco y Drogas Ilegales en España, elaborado por el Plan Nacional Sobre Drogas del Ministerio de Sanidad, en el 2022 se admitieron a tratamiento por consumo de opiáceos 8.553 personas, de las cuales 7.585 fueron por heroína, 352 por metadona y 616 por otros opioides. En el mismo año, se detectaron opioides en el 51,2% de las muertes por reacción aguda a drogas. La metadona estaba presente en el 25,8% de los fallecidos, siendo en el 11,8% de los casos el único opioide, independientemente de que se identificasen otras sustancias de otros grupos.

"Es jugar a la ruleta, hasta ahora le tienes que dar las gracias a tu ángel de la guarda, pero en una de estas lo que te va a tocar es coma o muerte"

Sin embargo, para la experta de Semergen los datos no reflejarían del todo la realidad, algo que coincide con la reclamación que hace el Defensor del Pueblo pidiendo la coordinación de las consejerías de sanidad con las entidades que tratan las adicciones con el fin de "atajar muertes evitables". "En prisiones sí que se puede saber el listado entero de personas que están en el programa de metadona, a nosotros nos piden una estadística trimestral, semestral y anual. A día de hoy en esta prisión hay 92, yo les pregunto si su médico de cabecera sabe que la consume y su respuesta es: 'No tiene por qué saberlo'. Les digo que es por su seguridad"

De hecho, añade la doctora que muchas veces el relato de los pacientes es que habitualmente mezclan fármacos y le restan importancia a las sobredosis. "Es jugar a la ruleta, hasta ahora le tienes que dar las gracias a tu ángel de la guarda que te ha estado cuidando, pero en una de estas lo que te va a tocar es coma o muerte", les contesta Martín.

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Otro de los aspectos que manifiesta es que la metadona "no es el único opiáceo del que se debería pedir un seguimiento": "Hay otros como Metasedin o Suboxone, que también están relacionados con el consumo de heroína u otras sustancias". Para ella el problema tiene una solución clara: "Integrar la red de drogodependencia dentro de los servicios autonómicos de salud o haciendo convenios de colaboración para que los médicos tengan acceso a las historias, porque esa información no es ni mía ni tuya, es del paciente. No tiene sentido".

Por su parte, Francisco Pascual, expresidente de la sociedad científica que se ocupa del estudio y las investigaciones de enfermedades adictivas, Socidrogalcohol, también opina que hay que poner el foco del problema en la integración de los recursos de adicciones en la sanidad pública, aunque las competencias en materia sanitaria estén transferidas a las comunidades autónomas.

"Las personas con trastorno de adicción no tienen el rango de pacientes. Si tienes un problema neurológico o reumatológico, hay una red de asistencia sanitaria que está conectada con la Atención Primaria, hospitalaria, incluso, algunos recursos específicos para algunas patologías. Adicciones siempre ha sido la oveja negra, esto es un problema estructural, la metadona y los tranquilizantes son una consecuencia añadida", expone el también director de la Unidad de Conductas Adictivas de Alcoy.

La situación en cada CCAA

Respecto a la situación que existe en cada comunidad, Pascual hace un repaso: "En Cataluña hay una red hospitalaria y asistencial más o menos estructurada; en la Comunidad Valenciana desde 1998 las unidades de adicciones están integradas en la sanidad pública como parte de apoyo a la Atención Primaria, a excepción de recursos complementarios, como viviendas tuteladas o centros de día, que están concertados".

En el caso de Murcia, confiesa que "está a medias": "Hay unidades que dependen del servicio público, pero están casi todas inmersas en salud mental". Sigue con Andalucía, a la que describe como "un desmadre": "Hay entidades que dependen de ONG, otras de la diputación y muy pocas de sanidad. La interconexión es muy mala".

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Hablando de Madrid, revela que "hay un problema": "Tiene dos redes, la municipal y la autonómica y no todo está integrado". Acerca de Navarra y País Vasco dice que los centros de drogodependencia "se han ido incluyendo" en los servicios de salud mental. La Rioja, Castilla-La Mancha y Castilla y León siguen "un poco a medias". Luego está Galicia, donde las adicciones están "dentro" del servicio sanitario y al mismo tiempo las organizaciones externas "continúan dando servicio".

Este diario se ha puesto en contacto con el Ministerio de Sanidad para preguntar si tienen conocimiento de las comunidades en las que la actividad sanitaria no se coordina con los centros de atención a la drogodependencia y la respuesta ha sido que esa información "se debe pedir a la respectiva CCAA".

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En este sentido, Pascual afirma que "no hay una directriz desde Sanidad": "En el Consejo Interterritorial están todos los representantes de las comunidades al frente de las adicciones y debería existir un mínimo exigible, como la pertenencia a la red pública sanitaria y la accesibilidad en todos los ámbitos".

Asimismo, detalla que este problema "es transversal": "Médico, social y psicológico". Y va más allá: "Es que hay comunidades en las que se puede prescribir un medicamento y en otras que ni siquiera está aprobado por la Dirección General de Farmacia de la autonomía. Esto es una barbaridad porque se produce una discontinuidad en el tratamiento".

Por último, recalca la "estigmatización de la patología": "Incluso ahora, que se habla de salud mental, los trastornos de adicción están en la cola del vagón. Los planes e informes casi siempre incluyen la coletilla 'y adicciones', pero es solo en el título, luego en el contenido le dedican cuatro palabras".