Pacientes sin tratar y clínicas saturadas, las víctimas del caos con Muface: "No consigo que me atiendan"
El caos que ha generado la licitación del concurso está dejando miedo e incertidumbre entre pacientes y médicos. Las quejas por no recibir atención se cuentan por centenares
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2F502%2F35c%2Fcc8%2F50235ccc8ebda916804781b633e37383.jpg)
Este lunes terminará el plazo para que las aseguradoras se presenten a la segunda licitación para dar servicio a Muface sin que, por el momento, ninguna haya aceptado las condiciones del Gobierno, salvo posibles movimientos de última hora. Si es así, quedan dos posibilidades: o subir la apuesta con una tercera licitación o el derrumbamiento final del sistema, que dejará alrededor de 1,1 millones de funcionarios en manos de la seguridad social, algunos de los cuales ya han optado por marcharse al sistema público.
Un largo e incierto proceso que está pasando factura a pacientes y médicos, que se consideran las principales víctimas de la falta de acuerdo. Muchos de ellos llevan denunciando desde hace meses que no están recibiendo la asistencia médica necesaria, que en ocasiones abarca desde una simple cita con el médico de cabecera hasta pruebas relacionadas con enfermedades graves o crónicas. Como explican desde CSIF, el sindicato más representativo en las administraciones públicas, tienen conocimiento de reclamaciones de este tipo en todas las Comunidades Autónomas.
Uno de ellos es Pere López, orientador educativo en el sistema público catalán, que está viendo cómo los problemas de ansiedad que le han llevado a pedir la baja están siendo agravados por sus dificultades para conseguir una cita para la preparación de su operación de rodilla. "La última vez que pedí cita para el traumatólogo, me dijeron que para febrero no me podían dar, porque en Muface no les habían dicho nada", explica. "¿Me quedo sin atención o qué? Yo tengo un correo electrónico en el que me aseguran atención médica hasta el 1 de abril, pero no consigo cita ni para que el médico de cabecera me tramite la baja".
A principios de diciembre, CSIF ya refirió una queja al defensor del pueblo que recogía "centenares" de quejas por retrasos, anulaciones y suspensiones de citas. Desde entonces, el sindicato se ha dedicado a asesorar a sus afiliados en las reclamaciones que han interpuesto. "Estamos recibiendo quejas de absolutamente todo: anulaciones de citas, retraso de autorizaciones, etc.", explica María del Carmen Espejo, portavoz de CSIF en Muface. "Autorizaciones que tardaban tres días ahora tardan meses, en otras no se recibe autorización, por lo que el mutualista se ve en la obligación de abonar los servicios si quiere realizarse la prueba y en otras la autorización es negativa: hay una desatención generalizada en la atención".
"Si pones una hoja de reclamación te atienden, así que es lo que voy a hacer"
Algunos de estos están relacionados con enfermedades graves, como "la desautorización de pruebas clave en el tratamiento del cáncer". A Rebeca Gómez le detectaron hace tres años un cáncer de mama muy agresivo, un diagnóstico que relata que llegó gracias a Muface: "La verdad es que estoy agradecida, porque por una mamografía de control que hacen a partir de los 40 años me diagnosticaron el cáncer, pero si llego a estar en la Seguridad Social, que la hacen a partir de los 45, seguramente no estaría aquí". La maestra vallisoletana recibió quimioterapia, radioterapia y pasó una intervención quirúrgica que le llevaron a superar este cáncer. A partir de ahí comenzó a recibir una terapia preventiva para evitar recaídas.
"Ahora estoy con un tratamiento farmacológico de medicación diaria y además con un inyectable mensual que necesita un visado de inspección médica, ya que no te lo dan en la farmacia tan fácilmente, sino que tienes que ir a Muface, te tienen que visar, tienes que tener un informe…", relata a este periódico al tiempo que añade su miedo ante un posible fin de la mutualidad, "pues si ahora no hay más conciertos de Muface con aseguradoras, nos toca ir a todos a la seguridad social y volcar un millón y medio de funcionarios".
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2F66b%2Fda4%2Ffd3%2F66bda4fd3491b550a591d0cdddbb28ca.jpg)
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2F66b%2Fda4%2Ffd3%2F66bda4fd3491b550a591d0cdddbb28ca.jpg)
Las aseguradoras DKV y Adeslas se han bajado de la carrera en su segunda licitación, que ofrecía un aumento del 33,5% del pago por cubrir la sanidad de los funcionarios. 4.478 millones de euros, 957 millones más que con el contrato vigente. Asisa probablemente apurará los plazos hasta tomar una última decisión. Las compañías han asegurado que seguirán prestando atención en las condiciones establecidas por el concierto hasta que acabe el contrato. Por su parte, CSIF elevaba el tono este jueves y anunciaba una huelga en los sectores afectados (educación, administración del Estado y correos, alrededor de medio millón de trabajadores) durante febrero sino se llega a un acuerdo.
La situación ha atrapado tanto a pacientes como a facultativos, que se ven en tierra de nadie. López, por ejemplo, agradece que tanto su médico de cabecera como su traumatólogo se hayan ofrecido a atenderle aunque no tenga la autorización del seguro: "Han puesto por delante el interés del paciente". Su intención, si el 31 de enero no le han hecho caso, es poner una hoja de reclamación, "porque me han dicho que si pones una hoja sí te atienden".
Una pelota rebotando de tejado en tejado
El problema en la mayoría de estos casos es que no pueden saber exactamente qué está ocurriendo ni de quién es la responsabilidad exacta: tan solo saben que algo no está funcionando como debería y que la única respuesta es el silencio. Como explica José de la Peña, profesor en un instituto de Secundaria de Alcalá de Henares, lo único que ha recibido en su intento de obtener respuesta a su solicitud para una infiltración en el hombro este lunes ha sido el silencio.
La paciente de cáncer ha adelantado la cita de abril: "Tengo miedo de que se colapse"
Si en el pasado el tiempo que pasaba entre que enviaba el volante a la mutualidad y la recepción de respuesta era "de un día, dos a lo sumo", esta semana han pasado nueve sin recibir ninguna contestación, por lo que es posible que no pueda acudir a su cita de este lunes, lo cual también es un problema para la clínica: "A ellos les perjudica porque tampoco pueden coger otra consulta hasta que no sepan lo que pasa". Silencio es lo único que ha recibido al intentar ponerse en contacto con la aseguradora por vía telefónica y realizar una queja telemática, aunque sabe gracias a un comercial de DKV que su correo ha sido recibido: nada.
Las aseguradoras, por su parte, han esgrimido el argumento de que gran parte de esta saturación se debe no a que estén dejando de prestar servicio unilateralmente a los pacientes de Muface, sino a que ante el fin del concierto se han encontrado con una avalancha de solicitud de citas y de tratamientos imprevistos ante la que no tienen la suficiente capacidad operativa, por lo que algunos de estos procesos pueden tardar más de lo habitual.
Rebeca Gómez, por ejemplo, cuenta que la incertidumbre que se vive estos días y el pavor por plantarse ante esta situación le han llevado a adelantar una cita que tenía en abril a este mes de enero para tener el informe que le permite acceder a estos tratamientos actualizados para un año: "Tengo muchísimo miedo de que mis seguimientos no puedan ser cada seis meses, que no dé tiempo a que me citen porque esté colapsado el sistema, tarden en volver a atenderme y me quedé sin medicación…".
De camino a la pública
La salida que han visto estos funcionarios es empezar a cambiarse a la sanidad pública, una posibilidad que se les ha ofrecido a lo largo de todo el mes de enero y por la que se unirán a ese alrededor de 37% funcionarios que hasta el año pasado recibían su asistencia fuera de las aseguradoras privadas. Aún no hay cifras del número de funcionarios que puede haber efectuado el cambio, pero algunos de los afectados se sienten empujados en esa dirección.
A Pérez le consta que una gran cantidad de trabajadores jubilados ya se estaban pasando a la seguridad social porque necesitan una atención más continua y tienen "un montón de tratamientos encima". Pero para otros, como De la Peña, que lleva siendo funcionario desde hace 13 años, no es tan fácil. "Para mí es una barbaridad: si me cambio, empiezo de cero porque llevo muchos años con DKV y todas mis pruebas e informes las tienen ellas", lamenta. "¿Me están echando? No tengo pruebas, pero estoy convencido de que sí", coincide el profesor.
Una vez en la pública, aparecen nuevos problemas. "Tenía autorizado por Muface un tratamiento biológico desde hace años y lo tenía que renovar el abril del 2025. Tras todo lo que está ocurriendo, me cambié a la Seguridad Social entendiendo —porque no aparece en ningún sitio lo contrario— que mi tratamiento biológico iba a seguir su curso", explica Irina Alonso, una profesora de Ciudad Real que sufre artritis reumatoide y enfermedad de Crohn. "Pero mi sorpresa vino cuando me llamaron de la farmacia de mi hospital y me dijeron que ya no me podían dar el medicamento porque les había llegado un escrito de que ya no soy de Muface".
Cuando pidió detener el cambio, le dijeron que tenía que esperar a enero de 2026
Cuenta que cuando fue a la mutualidad a pedir explicaciones, ya que "en ningún sitio aparece que al cambiar de entidad médica se cancelen los tratamientos autorizados por la mutua", les pidió que no se tramitase el cambio, a lo que le respondieron que no era posible y que tenía que esperar a enero del 2026. Además, relata que esto le supone "tener que empezar de cero en la Seguridad Social, solicitando un médico de cabecera que me derive a reumatología y a digestivo o empezar de cero lo que supone análisis y diferentes pruebas que dilatan en el tiempo el tratamiento y lo que no tengo es justo eso, tiempo".
La incertidumbre, también entre médicos
En medio de este caos no solo están atrapados los pacientes, los profesionales médicos también observan con miedo cómo se van desarrollando los acontecimientos, tanto por los que pasan por sus consultas como por ellos mismos. "Incertidumbre" es la palabra más repetida entre los más de 15.000 facultativos que trabajan en torno a Muface, según calcula la Unión Médica Profesional (Unipromel), que aclara que estos números son aproximados porque no hay datos exactos.
El presidente de Unipromel, Ignacio Guerrero, relata que en la actualidad hay "una tremenda incertidumbre entre los médicos". Señala que en las consultas "están ajustando el presupuesto para este año e incluso se está comentando la posibilidad de que haya despidos". Eso sí, considera que los hospitales privados de las grandes ciudades sí que podrían salir bien parados del fin del concierto, ya que tendrían menos pacientes "muchas veces crónicos" y eso aliviaría la saturación que hay en algunos. Le preocupan especialmente los usuarios de Muface ya jubilados, que suelen tener más achaques por la edad.
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2F7df%2F0e1%2F265%2F7df0e1265e29f731c861d42217dd651a.jpg)
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2F7df%2F0e1%2F265%2F7df0e1265e29f731c861d42217dd651a.jpg)
José Luis Alcibar, representante nacional de médicos de ejercicio privado del Consejo General de Médicos (CGCOM), también observa con "preocupación" como los pacientes "están viviendo una incertidumbre porque se acaba su modelo por imposición y tienen que cambiar de médicos y del sistema sanitario que han vivido hasta ahora". Y recuerda que hay facultativos que arrastran décadas de relación con el paciente, un seguimiento personalizado que es clave para la salud del ciudadano.
En cuanto a cómo les está afectando como profesionales, Alcibar recuerda que son autónomos: "Nuestras lentejas se generan con este tipo de actividad". Para ellos, el peor de los escenarios va más allá de perder un puñado de pacientes, ya que bastantes de sus representados están valorando dejar la profesión: "Conozco a médicos de familia que trabajan en Burgos, Valladolid o Huesca para los cuales el 40% de los pacientes que pasan por sus consultas son de Muface", explica. "Si desaparece este modelo, además de la problemática del paciente, ven su propia actividad profesional muy comprometida y la viabilidad de su consulta se ve muy mermada".
De hecho, señala que varios facultativos le han trasmitido "que como desaparezca Muface se jubilan" porque no se ven capaces de pasarse a la asistencia pública y empezar a ciertas edades a hacer guardias o turnos. Por otro lado, recuerda que "durante muchos años no se nos ha subido el IPC, ni actualizado los baremos y hemos tenido problemas en las negociaciones con las aseguradoras. Y ahora, cuando han puesto sobre la mesa que ellas pierden dinero, a pesar de que han mantenido condiciones leoninas con nosotros, pues parece que se va a arreglar el problema con dinero que les van a dar. Nosotros llevamos un montón de años pidiendo un incremento de baremos, pero dudamos mucho que vayan a mejorar nuestros honorarios".
"Están utilizando a nuestros pacientes para mejorar sus posiciones"
"Salvo que el licitador ponga un algún tipo de cláusula en la cual el incremento de lo que se pague a las aseguradoras también vaya para los prestadores de la asistencia, pues nos parece que vamos a volver otra vez a la situación inicial en la cual la negociación era difícil con una imposición de tarifas", una situación que también podría avocar al cierre de consultas, destaca.
El colectivo al que representa Alcibar ha pedido estar presente en las mesas negociadoras como parte, pero no han obtenido una respuesta satisfactoria del Gobierno, según explica. Y resume: "Estamos cabreados porque vemos cómo a nuestros pacientes les están utilizando unos y otros para mejorar sus posiciones. Y de nuestra parte, que somos los que realmente hacemos la prestación sanitaria y que mantenemos la relación con el paciente, no vemos que se esté apostando por ninguna solución". La cuenta atrás se acerca al momento decisivo.
Este lunes terminará el plazo para que las aseguradoras se presenten a la segunda licitación para dar servicio a Muface sin que, por el momento, ninguna haya aceptado las condiciones del Gobierno, salvo posibles movimientos de última hora. Si es así, quedan dos posibilidades: o subir la apuesta con una tercera licitación o el derrumbamiento final del sistema, que dejará alrededor de 1,1 millones de funcionarios en manos de la seguridad social, algunos de los cuales ya han optado por marcharse al sistema público.