Entre los ciudadanos de cualquier país puede surgir el sentimiento de que las instituciones nos tratan como a idiotas. Que aunque nos encontremos en una nación democrática, el Estado no se fía de nuestras decisiones y, sobre todo, no se fía de las que tomamos con respecto a nuestra salud. Este es el caso, por ejemplo, del tabaco. Todos, desde niños a ancianos, sabemos que es una de las mayores causas de EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) y de cáncer de pulmón. Pero, incluso así, el Estado se ve en una posición de superioridad como para arrebatárnoslo, privándonos incluso de nuestro libre albedrío. Pero hay un punto de vista desde el que no parece que el intervencionismo estatal esté tan fuera de lugar, que es suplir la carencia de información por parte del ciudadano y, si es necesario, legislar en este sentido.

Es por esto que en Estados Unidos, la Food and Drug Administration (FDA), la agencia estatal encargada de aprobar y prohibir medicamentos, alimentos y prácticas relacionadas con estos dos sectores, ha aprobado una ley en la que obligará a las compañías de alimentos a incrementar la cantidad de información en sus etiquetas nutricionales. En concreto, la cantidad exacta de azúcares añadidos: tendrán que especificar los gramos y, además, qué porcentaje de las calorías diarias recomendadas supone. Aunque parezca un cambio mínimo, podría tener una gran repercusión, tanto para la salud general de la población como para la economía. La parte mala (aunque no nefasta) es que estaba previsto que esta medida entrase en vigor en 2018, pero se ha retrasado a 2020 para las grandes empresas y a 2021 para los pequeños productores.

Esta nueva política podría ahorrar 92.900 millones de dólares en gastos sanitarios y sociales

Ahora, estos efectos que estaban solo teorizados a la hora de promulgar la ley han sido estudiados con detalle en un trabajo científico llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Tufts y de la Universidad de Liverpool. Según los investigadores, los modelos que han realizado, junto al análisis del resto de estudios relacionados, estiman que este cambio en la política de etiquetado podría suponer la prevención (o retraso de la aparición) "de más de 1 millón de casos de enfermedad cardiometabólica". Este tipo de afecciones incluyen los infartos, otros tipos de enfermedad cardiovascular y diabetes de tipo 2.

Como explica el doctor Martin O'Flaherty, uno de los coautores del estudio: "Informar a los consumidores sobre qué hay exactamente en sus bebidas azucaradas, sus tartas y sus dulces les ayudará a decidir qué quieren comer, con su salud en mente, ahora y en el futuro". Otra de las autoras del trabajo, la doctora Renata Micha, explica que "la adopción de la 'etiqueta del azúcar' es una política importante, un paso hacia delante que reducirá el consumo de comidas y bebidas con altos contenidos de azúcar, mejorando su salud y disminuyendo el gasto en sanidad".

Foto: iStock.
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Y es que la otra gran ventaja de este cambio no concierne exclusivamente a la salud de los consumidores, sino a la salud de toda la economía. Desde un punto de vista macroeconómico, tener una población con grandes problemas de salud (ese es el caso de Estados Unidos) es extraordinariamente caro. Allí, la gran mayoría de los pacientes tiene acceso al sistema de salud gracias a los seguros privados (aunque también existe el Medicare y el Medicaid, algo así como nuestra sanidad pública). Alguien diagnosticado de diabetes tipo 2 a los 40 años de edad puede ser longevo, pero durante el resto de su vida deberá consumir medicamentos como la insulina, hacerse pruebas y asistir a consultas médicas periódicas. Eso, si todo va bien. Lo mismo pasa con los pacientes con enfermedades cardiovasculares. Los tratamientos son realmente caros, auque nosotros no nos damos cuenta debido a que la seguridad social cubre gran parte del precio de las medicinas que necesitamos. Con estos cambios de política de etiquetado, los investigadores esperan un ahorro de 31 millardos de dólares en costes sanitarios y 61,9 millardos de dólares en ahorro en programas sociales. Eso, solo en Estados Unidos. Todo ello, por un cambio en las políticas industriales que se estima que represente un gasto total de 1.700 millones de dólares.

Cualquier medida cuyo objetivo sea aumentar la cantidad de información disponible para el consumidor es positiva, aunque sea la responsable de que lo que creíamos que en realidad no era tan malo como nos hacían creer, realmente era peor.