El lobby médico, contra Sanidad y su pacto con los fabricantes de bebidas con azúcar

El nuevo Gobierno de Pedro Sánchez no solo ha heredado los Presupuestos Generales del Estado del defenestrado Gobierno de Mariano Rajoy, sino otras medidas ejecutivas que estaban ya en marcha, como el 'Plan de colaboración para la mejora de la composición de los alimentos y bebidas y otras medidas'. Elaborado por la Aecosan -Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición-, que depende del Ministerio de Sanidad, y que implica una serie de medidas para la reducción de sal, grasas trans y el azúcar añadido.

La exdirectora de la Aecosan, antiguo alto cargo de Coca-Cola, pactó con la industria la reducción de azúcar

El problema reside en que según la Sociedad Española de Epidemiología, los responsables de Sanidad optaron por una autorregulación pactada con la industria alimentaria y no en un verdadero modelo de acción para reducir la obesidad. Es más, los responsables del grupo de trabajo de los epidemiólogos, que se creó para lidiar con problemas de salud pública, enfocados especialmente en la nutrición, y más concretamente en el azúcar añadido, como explica a Alimente uno de sus miembros, Jesus Vioque, catedrático del Departamento de Salud Pública e investigador del Consorcio de Investigación Biomédica en Red del Área de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP), fueron críticos desde el principio con el plan, que abarcaba desde 2017 hasta 2020. Se establecía que durante ese periodo, los fabricantes de bebidas se comprometían a reducir en un 10% el contenido en azúcar.

Conflicto de intereses

La primera reunión en la que se presentó fue en junio de 2017, poco después de que se rechazara el impuesto a las bebidas azucaradas que anunció el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. En el plan se había acordado una progresiva reducción del azúcar añadido en las bebidas pactado con la industria alimentaria y presentado por la entonces directora general de la Aecosan, Ángela López de Sa, nombrada por la exministra de Sanidad del Gobierno Rajoy, Ana Mato. López de Sa había sido nada menos que directora de Relaciones Institucionales de Coca-Cola y presidido la Asociación de Bebidas Refrescantes de España, que aglutina al sector. La propia Unión Europea puso en duda la idoneidad del cargo, y la revista científica 'The Lancet' añadió en un estudio que no se correspondía con la independencia necesaria para ostentar el cargo.

Hace una par de semanas, la nueva directora de la Aecosan, Marta García Pérez, se encontró, según explica Vioque, con una reunión informativa del plan frente a "varias sociedades científicas, algunos sectores de la administración, como el Instituto de Salud Carlos III, la propia industria y el Observatorio para la Obesidad que preside Valentín Fuster. Durante la reunión, el grupo de trabajo de la Sociedad Española de Epidemiología incidió de nuevo en el error de pactar con la industria, por ser "una medida inútil" y se incidió "en la necesidad de imponer un impuesto a las bebidas azucaradas", tal y como aclara a Alimente Jesús Vioque. La nota de la Aecosan no informó de las críticas.

Según los médicos, las medidas pactadas con la industria no servían. Solo un impuesto podía ser efectivo

La argumentación de los médicos, que fue avalada por el propio Valentín Fuster, se plasmó en un documento como repuesta a la reunión, que obtuvo Alimente y en el que se afirmaba que "está ampliamente demostrado que la mera autorregulación no es eficaz para resolver problemas de salud pública donde están implicadas grandes industrias que obtienen beneficio económico al vender productos no saludables. Sin embargo, sorprende que la autorregulación sea la principal propuesta planteada en este convenio recientemente firmado entre el Ministerio y sectores de la Industria Alimentaria".

La experiencia de Cataluña

El propio Vioque reconoce que el nuevo Gobierno se ha encontrado de bruces con un plan ya pergeñado y que la nueva directora acababa de aterrizar, por lo que presentarán estos días una propuesta para que se evalúe un impuesto a las bebidas azucaradas, basado en los estudios actualizados que ya realizaron en 2017, cuando se presentó el plan que precisamente denuncian.

De hecho, adelantan a Alimente que han pedido ya una reunión con la ministra. En el documento, hacen hincapié en la experiencia reciente de las tasas en países como México o Chile y, por supuesto, en el gravamen de la Generalitat de Cataluña aprobado el año pasado. "En España ya se puso en práctica una medida en este sentido, como fue el impuesto que la Generalitat aprobó en marzo de 2017. Los datos parecen apuntar a que se está reduciendo el consumo", subraya el experto, aunque fuentes de Coca-Cola consultadas por Alimente desmienten que hayan sufrido pérdidas, al menos en el caso de sus marcas, ya que el impuesto no solo incluía refrescos, sino batidos, zumos y cualquier bebida con azúcar añadido.

Se siguen emitiendo anuncios de productos ultraprocesados y la obesidad infantil no ha disminuido

Durante la reunión de hace unas semanas con la nueva diretora de la Aecosan, se incidió además en que había ejemplos recientes del fracaso de este tipo de acciones: "El convenio PAOS firmado en 2013 pretendía regular la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a menores, con el objetivo de prevenir el sobrepeso y la obesidad infantil, y que finalmente no ha tenido ningún impacto significativo. Hoy en día, se siguen emitiendo anuncios a diario de productos ultraprocesados que incumplen dicho código, y el problema de la obesidad y sobrepeso infantil no ha disminuido".

Las recomendaciones de la OMS

Entre los argumentos que presentarán a la nueva dirección de la Aecosan están las recomendaciones de la OMS: "Para reducir la prevalencia de obesidad, diabetes y caries dental, la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su informe 'Fiscal policies for diet and prevention of noncommunicable diseases', basándose en la evidencia disponible, recomendó aplicar medidas fiscales (impuestos) como el aumento del precio de venta al público de bebidas azucaradas al menos un 20%".

Apuntan también que "en enero del 2014, México introdujo un impuesto a este tipo de bebidas de aproximadamente un 10% (aproximadamente 0,05 €/litro), que se tradujo en una disminución de la compra de este tipo de bebidas en un 12% a finales de año. El descenso fue más acusado en las personas de nivel socio-económico bajo, con una disminución media del 17%. Por otro lado, se observó un incremento del 4% de bebidas sin gravar, principalmente por aumento de las ventas de agua embotellada". Según explica Jesus Vioque, estas medidas también han tenido efecto en algunos estados de EEUU y en ciudades como Los Ángeles y Nueva York, y adelanta que el 'lobby' que crearon para disminuir la obesidad, especialmente entre los colectivos más vulnerables, como son los niños, seguirá presionando para que se impongan medidas eficaces y no meros acuerdos con la industria, según sus tesis.