Sanidad estudia un impuesto al azúcar a pesar del pacto con la industria alimentaria

El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y la industria alimentaria han sellado el pacto de reducción de sal, grasas y azúcares que afectará a más de 4.000 productos y a 398 empresas. Sin embargo, poco después de que los gigantes del sector, las grandes marcas representadas en las distintas federaciones y asociaciones, ratificaran ayer por la mañana los acuerdos de 'reformulación' de los productos que se habían negociado el año anterior con el Gobierno de Rajoy, la directora de la AESAN, Marta García, advertía a Alimente que es solo una de las líneas de actuación y que el Gobierno no solo no descarta otras actuaciones, sino que está valorando el impuesto para el caso de las bebidas azucaradas:

"Lo tenemos encima de la mesa, pero es complicado porque tenemos que hablar con el Ministerio de Hacienda. Lo que sí podemos asegurar es que no hemos descartado ninguna de las medidas que establecen como óptimas tanto la OMS como la UE para luchar contra la obesidad. El pacto ratificado hoy es solo una de las herramientas que empleará el Gobierno".

Fuera de la foto

Alimente recogió el pequeño aviso de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que depende de Sanidad y que ejecuta el proyecto. Después de la foto en la que todos, sector privado y público, se mostraron muy conformes tras los 20 acuerdos firmados por la ministra María Luisa Carcedo con cada una de las asociaciones que engloban fabricación, distribución, restauración social y colectiva y proveedores de máquinas vending, salían otras cuestiones sobre la lucha contra la obesidad. Es posible que las declaraciones de Marta García no sienten bien hoy en algunos despachos: el impuesto es lo que la industria quiere evitar a toda costa.

"Hay otras líneas de trabajo contra la obesidad que se aplicarán al margen de la industria, por decreto ley"

La directora de la AESAN ha defendido un plan que venía de serie con el extinto Gobierno de Rajoy, al mismo tiempo que sacaba a relucir el decreto ley para otras líneas de actuación: "Al margen de este acuerdo sobre la mejora de la composición de alimentos y bebidas, tenemos el código PAOS para evitar la publicidad de alimentos poco sanos entre los niños y jóvenes, la modificación del entorno escolar, que iría por decreto ley, cambios en el etiquetado frontal y por último el tema de los impuestos, que seguimos valorando muy de cerca su resultado en otros países", aunque ha defendido el pacto: "La implementación del acuerdo es muy relevante por su gran alcance y su transversalidad".

Lo explicaba por teléfono a media tarde, cuando el presidente de la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), que aglutina al sector, Tomás Pascual, se había retirado ya de los focos con la firma de la ministra bajo el brazo. Imposible hablar con él por más que lo ha intentado Alimente. Marta García advertía también que en el caso de que no se llegara a un acuerdo en el tema de la publicidad infantil, "se llevaría a cabo una regulación por medio de decreto ley, ya que ahora se trata de una autoregulación y queremos modificarlo", expuso. Además se va a elaborar una guía nutricional específica de obligado cumplimiento para todos los contratos que haga la adminstración respecto a las comidas: colegios, cárceles, etcn y a actuar en el entorno escolar sobre las máquinas de vending.

Acusaciones de connivencia

Es difícil defender el escudo del Barça enfundado en una camiseta blanca. La realidad es que en el complejo problema de la obesidad, el Gobierno tiene a la industria a un lado y a una buena parte del sector sanitario, especialmente los epidemiólogos, científicos, médicos y nutricionistas, del otro. Un grupo que ya advirtió a la ministra por escrito nada más tomar posesión de que debía tomar medidas contra la industria, como recogió Alimente. En el medio, a los ciudadanos.

La estrategia NAOS de la AESAN -AECOSAN con el Gobierno Rajoy- ha consistid,o en una de sus principales vertientes, en abordar el problema de la obesidad y el sobrepeso con una autorregulación voluntaria pactada entre los fabricantes y el Gobierno que compromete a los primeros a no superar unos límites que en este caso se aplicarán hasta 2020. Es ampliamente criticada desde su puesta en marcha en 2005 por muchos expertos en medicina preventiva, ya que la consideran una herramienta de las compañías para defender sus intereses.

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En diferentes etapas y con distintos Gobiernos, se han alcanzado nuevos compromisos, siempre con el denominador común de la negociación entre el sector público y el privado. Lo último que se espera después de un acto de conciliación es sacar a pasear el impuesto, aunque sea sólo en fase de estudio, la peor pesadilla de Anfabra, la Asociación de Bebidas Refrescantes en la que están los gigantes Coca-Cola, Pepsico, Nestlé. Su director general, Josep Puxeu, sí respondió las preguntas de Alimente:

La asociación que engloba a Coca-Cola y Pepsi defiende que hay malos hábitos, no malos productos

"El acuerdo es una buena noticia para todos porque nos hemos comprometido a reducir el 28% de azúcares añadidos, en realidad ya estamos por el 34%. Nosotros nos adaptamos a las exigencias del consumidor y colaboramos para mejorar la salud". Rechaza de plano la mera idea del impuesto: "La AESAN está para guiar y asegurar que los productos que consumimos son seguros, y los nuestros lo son. Lo que hay son malos hábitos. No dejarían que comercializáramos productos considerados perniciosos". Sin embargo, Alimente inquiere que, de hecho, los azúcares añadidos son considerados perjudiciales y perniciosos para la inmensa mayoría de los médicos, porque provocan obesidad y diabetes tipo II. "Los estamos reduciendo -responde Puxeu-. En el largo plazo la realidad es que se tenderá a los productos Zero, lo dijo hace unos meses la CEO de Pepsico y también el de Coca-Cola. En España, en muy poco tiempo estaremos tan solo en el 50% de consumo de productos con azúcar". Es decir, la mitad de la población de los que consumen este tipo de bebidas.

Medidas absurdas

Es lo que asusta a los médicos porque la pandemia avanza imparable. El epidemiólogo, nutricionista y experto en medicia preventiva Miguel Ángel Royo Bordonada, decano del Instituto de Salud Carlos III de Madrid, explica con rotundidad a Alimente que la estrategia NAOS es en esencia inútil, porque "la solución en España a la grave pandemia de obesidad, sobrepeso y diabetes tipo II pasa básicamente por negociar con los fabricantes de productos poco saludables que los hagan un poco menos perjudiciales. Obviamente no tiene ningún impacto, es de mínimo alcance y no va a ayudar a nadie. Bueno, sí, a que la industria se acomode poco a poco mientras redefine sus posiciones, pero desde luego no vela por la salud de los ciudadanos".

Es una de las voces que se unen a las de Jesus Vioque o Miguel Ángel Martínez-González, del grupo de epidemiólogos que ya escribieron una carta a la actual directora de la AESAN con una serie de peticiones, entre ellas que el impuesto sirviera para subvencionar otras áreas de la nutrición. Durante la conversación telefónica, la responsable del plan contra la obesidad ha expresado su acuerdo con las recomendaciones de la OMS.

"En Cataluña se trataba de desarrollar una legislación al margen del resto de España"

A diferencia de Josep Puxeu, ha reconocido que la reformulación que se pactó ayer está dentro de esos códigos, pero existen otros y ha citado el gravamen de las bebidas azucaradas aplicado por la Generalitat de Cataluña, el cual "estamos analizando para comprobar qué efecto tiene sobre la salud y el consumo para evaluar si su eficacia es igual que en el resto de países en los que ya existe". Puxeu ha sido muy calro con Alimente: "El impuesto no ha afectado al consumo, es testimonial y se enmarcaba, además, en una estrategia política distinta a la de salud. Básicamente era una herramienta más para desarrollar una legislación al margen de España".

Efecto multiplicador

Sobre este aspecto, Miguel Ángel Royo ha señalado que disponen de estudios realizados en Cataluña entre septiembre y octubre en los que se demuestra que el consumo de bebidas azucaradas se ha reducido en un 25% entre las clases más desfavorecidas: "Tiene un efecto multiplicador porque al mismo tiempo eran los que más consumían bebidas azucaradas, así que en breve podremos afirmar que pueden ser medidas muy eficaces. Si por otra parte consideran que no va a tener efecto en el consumo, como defienden en Cataluña, no tendrían razones para oponerse".

El consumo se ha reducido ya en un 25% entre los que más las beben, las clases más desfavorecidas

Desde Anfabra, en cambio, consideran que en cualquier caso tendría un efecto recaudatorio, y recurren a Marina Neira, Directora General de Salud Pública de la OMS, que según ellós se posicionó en contra. Es lo único en lo que coinciden con el decano del Instituto de Salud Carlos III, que considera una vergüenza que desmienta la línea de todo un equipo. Recuerda además que las prácticas aprobadas por la OMS especifican que sea utilizado como subsidio para otros productos sanos que son caros, sino también la directora de la AESAN, que aclaraba a Alimente que "tenemos en cuenta la carga impositiva, por lo que de llevarse a cabo sería como medio para otras políticas de salud".

Los expertos en prevención consultados por Alimente son escépticos, porque consideran que el grado de connivencia entre las autoridades y la industria ha sido excesivo en España a pesar de los cambios de Gobierno. Por otra parte, Sanidad tiene las manos atadas: depende de Hacienda, pero sobre todo de unos presupuestos del Gobierno de Pedro Sánchez. Sin ellos no se puede poner en marcha.