¿Chapuza o salvación? Claves del nuevo estatuto que quiere evitar que los jefes de la pública trabajen en la privada

"Por un estatuto propio de la profesión médica y facultativa", bajo este lema, los médicos de toda España recorrerán este sábado las calles de Madrid hasta llegar a las puertas del Ministerio de Sanidad.

Son muchas las quejas que tiene el colectivo contra el borrador del Estatuto Marco (EM) que propone el Ministerio que lidera Mónica García. Se trata de una ley ordinaria de carácter básico que regula las relaciones laborales de los profesionales sanitarios y no sanitarios que trabajan en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

"La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del SNS, es la norma que establece expresamente la necesidad de aprobar un EM para el personal estatuario del Sistema Nacional de Salud", explica a este periódico Juan José Bestard Perelló, abogado que conoce bien el sistema sanitario. Bestard es doctor en Derecho, médico especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, y fue director general de organización y planificación del Instituto Nacional de Salud (Insalud) en 1996.

Continúa diciendo que estos profesionales son funcionarios "bajo un régimen especial": el estatutario. "Es diferente al régimen general de funcionarios o al régimen laboral", describe. Es decir, que el EM no es aplicable a todo el personal de todos los centros hospitalarios: "En la Comunidad de Madrid, el Servicio Madrileño de Salud cuenta con, aproximadamente, 80.000 profesionales estatutarios distribuidos entre hospitales, centros de atención primaria y otros servicios".

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"Por ejemplo, en el hospital de Alcorcón, el de Fuenlabrada o la Fundación Jiménez Díaz no aplica el estatuto", algo que Bestard califica como "chapuza". "La ley de cohesión del SNS es coja porque consolida problemas del pasado, no los arregla. Esto es un problema histórico que nadie ha sabido o querido resolver, se debería crear el mismo modelo de personal laboral sanitario en España", insiste.

Más concretamente, según los últimos datos de los que dispone el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), solo el 50,8% de los médicos que trabajan en el SNS tiene su plaza en propiedad como funcionario estatutario. En resumidas cuentas, uno de los grandes vacíos del borrador del EM es que ni siquiera afectaría a todo el personal sanitario, una queja que también comparten desde el CGCOM.

Por ello, para Bestard, la situación de la mayoría de profesionales tampoco se arreglará con el borrador que propone Sanidad. Aunque analiza y enumera las innovaciones que presenta, recalca que "no significan mejoras". La primera que menciona es la "lucha contra la inestabilidad y temporalidad", ya que el EM incluye la eliminación de figuras precarias como eventuales de 5 años o interinos de 15 o convoca ofertas públicas de empleo obligatorias cada dos años.

Sigue con el "nuevo modelo de movilidad voluntaria": "Concurso de traslados abierto y permanente cada año, fomentando la movilidad profesional". En tercer lugar, habla del "reconocimiento de la autoridad pública", que reforzará la protección frente a los agresores. "Derecho a desconexión digital y privacidad" y "paridad e igualdad de género" son los siguientes puntos.

En sexta posición cita el "nuevo modelo de guardias": "Se establece un límite de 17 horas máximas por guardia, se elimina la devolución de horas de descanso y se opta por una implantación flexible y progresiva (5-10 años)". "Esto se presenta como un avance importante. Sin embargo, la flexibilidad en fines de semana podría generar abusos si no se regula con mayor precisión, se mantiene la obligatoriedad de las guardias hasta los 55 años sin considerar plenamente criterios de salud o conciliación o no se regula una duración estándar de las horas, lo que genera desigualdad organizativa", destaca, entre otros "aspectos críticos".

La clasificación profesional "más moderna", por niveles según el nivel académico y créditos formativos y la "formación obligatoria específica para puestos directivos", son otras de las novedades.

¿Adiós a trabajar en la pública y la privada para los jefes?

Bestard llega hasta las incompatibilidades, una cuestión que ha generado mucho enfado entre los facultativos: "El borrador introduce nuevas restricciones, especialmente para los jefes de servicio o sección (mandos intermedios), que tendrán la incompatibilidad obligatoria para ejercer en la privada".

En España, la ley que regula las incompatibilidades del personal público, es bastante ambigua, ya que respeta el ejercicio de actividades privadas, siempre que estas no impidan ni menoscaben el estricto cumplimiento de las obligaciones públicas. En el caso de los sanitarios, basándose en un déficit de facultativos, la mayoría de regiones han permitido que los médicos dediquen horas adicionales a trabajar en centros privados. Y para contrarrestar el atractivo sobresueldo que la sanidad privada ofrecía, las comunidades autónomas optaron por compensar a aquellos empleados públicos que trabajaran solo para el sistema con un complemento de exclusividad de alrededor de 800 euros, según cuantifica en su último estudio al respecto la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas), publicado en 2024.

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El escrito también recoge que esta medida "nunca ha sido bien acogida por parte de la profesión médica por las desigualdades salariales que genera entre trabajadores con la misma titulación, el mismo horario de trabajo y las mismas guardias": "No parece, además, que la medida haya frenado la motivación de los médicos a pluriemplearse".

En concreto, según las estadísticas del Ministerio de Trabajo, 104.354 trabajadores sanitarios tenían más de un trabajo. "Es la cifra más alta desde que se empezó a computar en 2003, y la tendencia es ascendente", arroja el informe. Y en cuanto a los médicos en particular, el estudio de SESPAS calcula que el número de médicos pluriempleados ronda el 40%, dependiendo de la especialidad y la región. Todo esto son cálculos aproximados, ya que hay datos exactos, según explica a este periódico Ariadna García-Prado, profesora de Economía de la Salud de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) y una de las autoras del estudio.

Actualmente, para poder realizar otra ocupación profesional los empleados públicos deben solicitar una autorización de compatibilidad

Tras investigar sobre ello, García-Prado también apunta a que, de hecho, no se hace una vigilancia "de facto" desde las regiones para controlar si realmente los médicos que ejercen la llamada ‘práctica dual’, cumplen con las normativas y sus responsabilidades. De hecho, en cualquier caso, es complicado saber el número de profesionales en general que compatibilizan privada y pública.

Actualmente, para poder realizar otra ocupación profesional —a excepción de unas pocas actividades, como la creación literaria o la participación ocasional en cursos y seminarios—, los empleados públicos deben solicitar una autorización de compatibilidad. La Ley de Transparencia obliga a las administraciones a publicarlas, pero cada una decide la forma y el contenido de la información que difunde.

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Así, en el caso del sistema sanitario español, que depende de las comunidades autónomas, existen 17 formas de publicar estos listados. No todas difunden el nombre, sino las iniciales. Muchas no detallan el nivel del empleado público o su unidad, lo que complica la tarea de identificar a los jefes de servicio cuando todos los sanitarios se designan como 'médico' o 'enfermero'.

Además, solo un puñado de casos recogen, de forma centralizada por el departamento autonómico de Sanidad, la organización de cada centro hospitalario, con nombres y apellidos de cada responsable. Con la información disponible es imposible mapear, sin errores, cuántos jefes de servicio mantienen una actividad paralela.

Igual de difícil es discernir el número de jefes de servicio que optan por la práctica dual que quiere controlar el nuevo EM. De hecho, este periódico ha consultado al Ministerio de Sanidad si disponen de las cifras del número total de jefes de servicio en España, obteniendo una respuesta es negativa. Lo mismo sucede al consultar al CGCOM.

Fuga de talento y problemas de salario

Respecto a los problemas asociados con esta medida, el abogado que dirigió el Insalud nombra los siguientes: "Posible discriminación y fuga de talento si se fuerza una exclusividad no voluntaria sin compensación adecuada. Doble vara de medir, ya que se aplica solo a ciertos cargos, lo cual podría vulnerar principios de igualdad si no se justifica adecuadamente. Conflicto jurídico con el principio constitucional de libertad profesional y con el régimen general de incompatibilidades si no se articula bien". Por último, asegura que, pese a que se compensa con un complemento específico por la dedicación exclusiva, "aún no se detalla su cuantía ni su armonización interterritorial".

En este sentido, la profesora de la UPNA señala que "la práctica dual bien controlada podría ser positiva en el sentido de que muchos de estos profesionales públicos no se dedicarían exclusivamente a lo público si no tuviesen también la opción de tener su práctica profesional en lo privado. Si no, igual dejarían lo público y se irían a lo privado; y entonces nos quedaríamos sin médicos que estén dispuestos a ganar el sueldo de funcionario con los problemas del sector público, que sí que son comunes en muchos países: falta de flexibilidad, de incentivos, motivación o reconocimiento. Unas cuestiones que en lo privado igual pueden obtener más fácilmente".

Los médicos especialistas en España recibieron en 2022 un salario medio bruto de 80.449,68 €, es decir, 2,83 veces por encima del salario medio

En la misma línea, Bestard habla de los salarios y retribuciones: "El EM no regula ni garantiza incrementos salariales, lo que genera expectativas frustradas. Asimismo, carece de incentivos efectivos a la retención del talento".

Cabe destacar que, según datos de la OCDE que recoge el informe de SESPAS, los médicos especialistas en España recibieron en 2022 un salario medio bruto de 80.449,68 €, es decir, 2,83 veces por encima del salario medio de España (28.360 €). Igualmente, el salario medio bruto en el sector público fue en 2020 de 76.477 € para un médico especialista y de 69.880 € para uno general, mientras que en el sector privado ascendió (solo médicos asalariados) a 82.210 y 59.999 euros, respectivamente.

La queja común es que la retribución es muy inferior a la de sus homólogos de otros países. Si bien es cierto que en algunos países de Europa (Alemania o el Reino Unido) los médicos reciben remuneraciones hasta un 102% superiores a las de los médicos españoles en euros corrientes, si ajustamos los salarios nominales por paridad de poder adquisitivo las diferencias en ingresos se reducen y el salario medio en España se equipara al salario medio de los países de la OCDE, siendo incluso superior al de otros países de nuestro entorno, como Francia, Italia y Portugal.

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Por otro lado, Bestard prosigue con algunas "incongruencias": "Se menciona que los descansos obligatorios no deben devolverse, pero luego se plantea que cada servicio podrá organizar su modelo de guardias y esto puede generar contradicciones prácticas. Se afirma que el EM 'pone fin a la precariedad y a la inestabilidad en el sistema sanitario' y luego se reconoce que el modelo de las guardias puede tardar de 5 a 10 años en aplicarse completamente, lo que mantiene una situación transitoria ambigua".

"El nuevo EM es presentado como norma básica, pero aborda aspectos organizativos y operativos que son competencia autonómica, lo que puede generar conflicto competencial" , concluye. A todo ello suma que el borrador también "se plantea la posibilidad, a decisión de cada CCAA, de exigir dedicación exclusiva durante los 5 años posteriores al fin de la residencia, aunque esto no es obligatorio por ley".

¿Están las comunidades dispuestas a controlarlo?

Este periódico se ha puesto en contacto con las comunidades autónomas para saber su opinión en relación con el EM, ya que son ellas las que deberían controlar su aplicación al estar las competencias de Sanidad transferidas.

Entre las que gobierna el PSOE, y han respondido, está Navarra, cuya presidenta es María Chivite. Desde la región foral afirman que a ellos "no les afecta el estatuto". "Aquí el régimen es funcional y hay un complemento de exclusividad para los facultativos especialistas que se dedican a la actividad pública. Los que así lo desean pueden solicitar la renuncia a este complemento para poder complementar la actividad pública y la privada, actualmente hay unos 60 médicos que han renunciado al complemento de exclusividad, pero los jefes de servicio no tienen esta posibilidad, solo pueden dedicarse a la pública. Está regulado en la Ley Foral 11/1992, de 20 de octubre, y el Decreto Foral 387/1992, de 23 de noviembre", indican.

En Cataluña, que preside Salvador Illa, el gabinete de la consejera de salud, Olga Pané, nos remite a la siguiente información: "De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.g) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el Departamento de Salud da publicidad activa a un extracto de las resoluciones de autorización de compatibilidad dictadas en relación con los profesionales del sector público Salud, a partir del día 10/12/2014. Este extracto contiene el nombre y apellidos del empleado público, el puesto de trabajo ocupado (puesto principal), la fecha de la resolución de autorización y un breve detalle de la actividad o actividades públicas y/o privadas que compatibiliza. Esta información será actualizada periódicamente, sin perjuicio del ejercicio, por parte de la persona interesada, derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición al tratamiento, portabilidad y solicitud de limitación previstas en la normativa reguladora en materia de protección de datos de carácter personal".

"Este borrador del estatuto invade algunas competencias autonómicas y esto es algo que no puede aceptarse"

Desde las regiones gobernadas por el PP manifiestan a El Confidencial su descontento con el borrador del estatuto marco. En un comunicado conjunto señalan que "la ministra de Sanidad no está contando con las CCAA en el proceso de elaboración del Estatuto Marco. Los consejeros del PP de Sanidad han actuado con responsabilidad, incluso solicitaron una reunión al Ministerio para conocer de primera mano el contenido del borrador del EM". Además, se muestran "muy preocupados por el descontento que este borrador está causando entre los profesionales".

En cualquier caso, respecto a su aplicación, las comunidades del PP señalan que "este borrador invade algunas competencias autonómicas y esto es algo que no puede aceptarse".

Se suman otros colectivos

Cabe destacar que los médicos no son los únicos que se han pronunciado en contra del EM, el Consejo General de Colegios Farmacéuticos también respalda la movilización. "Nuestra principal oposición es a la equiparación de distintos niveles de cualificación, lo que provoca una injusta homogeneización de profesionales con diferentes exigencias formativas", explicaban esta semana en un comunicado.

Por su parte, el Consejo General de Dentistas se ha sumado a las reivindicaciones, recordando que los dentistas cuentan con una formación universitaria estructurada en 300 créditos y una "sólida preparación clínica", desempeñando un papel "clave" en la atención integral de la salud bucodental de la población. De hecho, instan a establecer mecanismos normativos que reflejen "con claridad" las diferencias que existen entre los distintos profesionales del sector.