¿Por qué la ONT actúa como un importante factor de cohesión?

No es un secreto que vivimos en un país en que las tendencias centrífugas están continuamente presentes en la política del día a día. No solo las pulsiones independentistas en determinadas comunidades, sino también las frecuentes autoafirmaciones autonómicas que convierten las regiones en reinos de Taifas sobre todo en periodos electorales y ante cualquier situación conflictiva.

Si hablamos de sanidad, cualquiera puede ser consciente de las dificultades que conlleva atravesar la frontera de su autonomía en cuanto a acceder a la asistencia no urgente, algo particularmente sensible para quienes padecen una enfermedad que no encuentra un tratamiento adecuado en su lugar de residencia y acuden a recibirlo a otro lugar. El ejemplo de la pandemia, en la que hubo momentos en que llegaron a escenificarse 17 sistemas de salud diferentes a la hora de tomar decisiones, fue bastante palmario. Recientemente, leía una anécdota de un servicio de urgencia hospitalaria donde acudió una madre con su hijo perfectamente sano para que le hicieran un chequeo porque se iba a ir de vacaciones a otra comunidad donde a saber si iban a atenderle si se ponía enfermo.

Sin embargo, en este estado de crónica descoordinación, hay un tema de profundo significado humanista y tecnológico: la donación y los trasplantes de órganos, liderado y coordinado por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), que funciona como un oasis dentro de la barahúnda nacional. Difícil encontrar en las hemerotecas ninguna disputa entre comunidades sobre algo en que todas marchamos al unísono, con sus lógicas diferencias puntuales, pero siempre resueltas mediante el acuerdo y en los foros adecuados.

Mucha gente piensa que esta situación idílica se debe a que el estado mantiene centralizadas en la ONT las competencias sobre trasplantes y eso le permite gestionar mejor las cosas. Es una hipótesis atractiva para los nostálgicos de la recentralización, solo que no es verdad en absoluto. El Ministerio de Sanidad no tiene más competencias en trasplantes que en cualquier otra parcela de la asistencia sanitaria como la oncología, las enfermedades raras, o la salud pública. De hecho, tiene bastantes menos que en farmacia, formación postgraduada o sanidad exterior donde las conserva, al menos hasta ahora, aunque ya haya comunidades que las están reclamando para sí y quepan pocas dudas de que el gobierno las acabará cediendo.

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¿Cómo se ha llegado entonces a esta situación con los trasplantes? La forma en que se ha articulado la sanidad española tras la Constitución de 1978 y la Ley General de Sanidad de 1986, es en esencia la de un Estado federal, con plenas competencias de las comunidades, pero con escasos y muy débiles mecanismos de coordinación por parte del estado. A finales de los ochenta, coincidiendo con la creación de la ONT, se puso en marcha el Consejo Interterritorial, que tan famoso se haría durante la pandemia. Es una comisión presidida por el ministro/a de Sanidad, y de la que forman parte los consejeros de las 17 CCAA, con el objetivo de discutir y acordar toda la política sanitaria, respetando siempre las competencias de cada cual y sin que el ministerio tenga prácticamente más que funciones de coordinación entre comunidades. De esta comisión penden subcomisiones como la de salud pública o farmacia para discutir estos temas específicos y también desde el primer momento la de trasplantes. Sobre esta se articularía en poco tiempo todo lo que hoy es nuestro poderoso sistema de donación y trasplantes.

El problema de origen es que o los acuerdos se toman por consenso total o las comunidades, en uso de sus competencias pueden apartarse de lo acordado sin que el ministerio tenga capacidad de impedirlo. Es decir, las decisiones del consejo no fueron vinculantes hasta que, coincidiendo con la pandemia de Covid, se desarrolló de urgencia un mecanismo legal que abría la posibilidad de que si lo fueran en determinadas circunstancias extraordinarias que obviamente no pueden repetirse todos los días.

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En el caso de los trasplantes, ya desde el principio y aunque el antiguo Insalud gestionó hasta el 2002 la asistencia sanitaria de 10 de las 17 comunidades, optamos por un enfoque descentralizado porque entendimos que ese era el futuro que marcaba la Ley General de Sanidad y la Constitución. Por ello, los miembros de la comisión, que luego llamaríamos coordinadores autonómicos, fueron nominados por sus respectivas consejerías de sanidad, tuvieran o no la asistencia transferida, mientras que el ministerio nombraba al coordinador nacional o director de la ONT que les presidía. Las transferencias sanitarias nos pillaron con los deberes perfectamente hechos.

Con esta composición, pronto se consiguió establecer una dinámica de cooperación entre y con los coordinadores autonómicos, y a su vez entre estos y los coordinadores hospitalarios, creándose así una red que articuló el sistema. Todo se mantuvo en un plano profesional, buscando huir dentro de lo posible de las inevitables interferencias de los políticos, que cada uno a nuestro nivel intentamos sobrellevar lo mejor que pudimos. Era evidente que de la colaboración y del servicio que prestaba la ONT se beneficiaban todos, empezando por los trasplantadores de los hospitales, incluso los menos entusiastas con el proyecto, que los había al principio y no pocos. Además, el hecho de que se tomaran decisiones estrictamente técnicas por acuerdo entre todos, evitando al máximo pasar por el pleno del Consejo, tan politizado como ahora, allanó mucho el terreno. Por otra parte, el hecho de pasar de una profunda crisis de trasplantes en todos los órdenes a finales de los ochenta, a ser los primeros del mundo en solo tres años, ayudó bastante a que nos dejaran trabajar tranquilos y a seguir decidiendo por donde tenían que ir la donación y el trasplante.

Desde entonces han pasado más de tres décadas, se han tomado en esta comisión, que se reúne presencialmente una vez al trimestre, centenares de decisiones por estricto consenso. Tan solo hubo que votar una vez, por un tema tan aparentemente aséptico como el Plan Nacional de Sangre de Cordón Umbilical que salió adelante con un voto en contra por evidentes motivaciones políticas (de ninguna de las comunidades en las que está pensando) fruto de las pasiones que en la primera década de este siglo levantaban las células madre y que hoy día suenan como si fueran un asunto marciano.

Esto no quiere decir que no haya habido problemas y tensiones en el cumplimiento de algunos de estos acuerdos. La autorización de los primeros trasplantes de cara para los que se había habilitado un protocolo ad hoc dada la falta de antecedentes y la necesidad de que todo se hiciera de una forma adecuada provocó una carrera entre Valencia, Barcelona y Sevilla en la que como siempre, algunos políticos fueron los que no estuvieron a la altura, aunque al final todo se solucionó gracias a la cordura y al diálogo, de manera que las decisiones fueron adoptadas al unísono por todas las partes.

Lo cierto es que esta manera consensuada de trabajar a lo largo de los años, lo más a salvo posible de injerencias externas (aunque ha costado, y mucho), todos a una en los asuntos generales, pero con autonomía plena en los locales, ha permitido que se identifique el sistema nacional de trasplantes como un todo armónico, tremendamente eficiente liderado por un prestigioso organismo técnico como la ONT y en el que todos, hospitales comunidades y los muchos agentes que intervienen en el día a día caminan siempre coordinados en beneficio del paciente, objetivo primordial del sistema.

Y a su vez, esta plasticidad nos ha permitido de una parte acoplarnos perfectamente a la estructura y los cambios de nuestra sociedad y servir como un factor de cohesión nada desdeñable del sistema nacional de salud. Desde hace muchos años, al analizar los resultados anuales, una de las cosas que se calcula es el balance tanto de órganos como de enfermos trasplantados entre comunidades. Sistemáticamente, alrededor de la cuarta parte de los trasplantes que se hacen cada año en España lo son con órganos donados en otras comunidades, exactamente un 23% en 2023. Solo el pasado año, a más de 1300 pacientes no les habría llegado el órgano más adecuado o simplemente no habrían superado su situación de urgencia y habrían fallecido sin llegar a ser trasplantados en caso de no estar estructurada esta amplia colaboración entre equipos y comunidades.

Hay algunas como Madrid, Cataluña o Cantabria que reciben bastantes más órganos que los que envían porque tienen más centros de referencia, donde a su vez van pacientes de otras partes de España, o bien sus equipos tienen criterios más avanzados y trasplantan órganos que no pueden ser utilizados en sus lugares de origen. Otras, como Euskadi, Rioja, Navarra, las dos Castillas, Andalucía, Murcia etc., tienen unos índices altos de donación y los envían a otros lugares donde a su vez van sus pacientes a recibir tratamiento. Por poner un ejemplo, la cuarta parte de los trasplantes que se hacen en Cataluña, casi la mitad de los trasplantes de Madrid, o más de la mitad de los de Cantabria se vienen realizando desde hace ya muchos años con órganos donados en otras comunidades.

La conclusión es muy clara: ninguna comunidad por sí sola conseguiría ni de lejos los resultados tanto cuantitativos como cualitativos que de hecho logra yendo con las otras 16 en la misma dirección, y todo ello en beneficio de los ciudadanos que necesitan un nuevo órgano para seguir viviendo. Todos ganamos cuando vamos unidos y los trasplantes contribuyen día a día a demostrarlo salvando miles de vidas. Ojalá sirviera este ejemplo para otras áreas de nuestra vida diaria, y no solo sanitaria.