No tengo ni idea de dónde procede la leche que tengo ahora mismo en mi nevera. Leer la etiqueta (impresa en letras para las que necesito ponerme las gafas) no me saca de dudas: ‘Fabricado en la UE’. Más allá de mi perplejidad léxica (¿la leche se ‘fabrica’?), veo que no hay opción de saber de dónde son las vacas, ni dónde se han ordeñado ni en qué país se ha envasado. Me voy a la primera repisa, al yogur. Y ahí sí que no hay dudas: está fabricado por Agrupación de Cooperativas Lácteas. Mi yogur estilo griego, con una ilustración en blancos y azules que nos evoca a una isla en el Egeo, está hecho en Galicia.

A partir de esos dos hallazgos, empiezo a entender un poco mejor todo el lío surgido en torno a la legislación sobre el origen de la leche. Hace apenas dos semanas, el Consejo de Ministros aprobaba un Real Decreto por el que los fabricantes de leche están obligados a informar a los consumidores de su origen. Y la medida incluye asimismo a los fabricantes de cualquier otro producto que contenga más del 50% de leche como ingrediente (ahí encontramos yogures, mantequillas, nata, quesos…).

A partir de 2019, los fabricantes de leche y productos lácteos deberán indicar el origen de su materia prima

Es una reivindicación antigua de los ganaderos, que quieren que cuando hagamos la compra, tengamos la opción de saber quién es quién en el terreno lácteo (y de obrar en consecuencia). Porque resulta que, según el Observatorio del Mercado Lácteo de la Comisión Europea, importamos tres veces más productos lácteos de la UE que los que vendemos.

“A partir de finales de enero de 2019, la pelota estará en el tejado del consumidor: en su mano estará leer o no la información del origen de la leche y decidir”. Nos lo dice José María Ferrer Villar, jefe del Departamento de Derecho Alimentario de Ainia. Y nos cuenta también que este RD es una pequeña pata -a nivel nacional y lácteo- del Reglamento 1169/11 de la UE. Dicho reglamento es la base de la información alimentaria que se facilita al consumidor; en lo que respecta al origen de los alimentos, nos indica Ferrer Villar, “la clave está en el artículo 26: sin entrar en tecnicismos, yendo al fondo de la cuestión, lo que importa es que no se puede inducir a error al consumidor haciéndole creer que un alimento tiene un país de origen o un lugar de procedencia diferente”.

Foto: iStock.
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Veamos cómo es el asunto. Existen una serie de alimentos (miel, frutas y hortalizas, pescado, carne y aceite de oliva) que tienen que indicar de forma obligatoria su país de origen. El resto puede no indicarlo… salvo en dos situaciones, señala Beatriz Robles, experta en Seguridad Alimentaria. “Una es cuando la etiqueta sugiere al consumidor que el alimento procede de un país, pero en realidad es de otro diferente”. Es el caso de mi yogur al estilo griego, con su Santorini al fondo. O de esa pasta cuyo envase reproduce la bandera tricolor italiana… La otra situación es justamente la contraria, cuando “sí se menciona el país de origen, pero no es el mismo que el del ingrediente primario”. Un ejemplo: un plato de paella española listo para llevar, preparado con arroz chino. O una lata de fabada asturiana cuyas alubias son de Canadá.

El espíritu de la ley es claro: no se puede inducir a error al consumidor sobre el origen de un alimento

A partir de ahí, el resultado es un sutil entramado en el que los operadores alimentarios van cumpliendo la obligación, pero al trantrán, escamoteando muchas veces información. “Compramos rápido y, aunque nos detengamos a mirar las etiquetas, en muchos casos no termina de ser clara -continúa Robles-. Porque uno ve la razón social de la marca, que es obligatoria, y cree que ese alimento es de allí. Pasa muchísimo con las legumbres”. Vaya. Vuelvo a mi despensa, miro las lentejas que compré convencida de que eran de las auténticas de terruño. Envasadas en León, bien. Origen: Canadá. “Desengáñate: que la empresa comercializadora sea española no quiere decir que el producto se haya criado o recolectado aquí”.

Foto: iStock.
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Hay muchos más ejemplos. Uno de los clásicos es el de los espárragos blancos en conserva. Si vemos que la marca es española, y además llevamos años viendo sus anuncios -ese agricultor con la carretilla...- por la tele, y la razón social está en Villafranca (Navarra)…, difícil será que nos demos cuenta de que, en realidad, es un “producto originario de China”. De China, de Perú… y ahora también de Holanda. Félix Bariáin, presidente de la Unión de Agricutores y Ganaderos de Navarra, exige “un mayor control de todos los productos que salen bajo nuestro logo. Es obligatorio mencionar en las etiquetas la procedencia del producto; tenemos constancia de que está llegando producto de Holanda y no hemos visto ni una sola lata que lo ponga”.

Vivir con la picaresca

“El espíritu del reglamento es muy claro: no inducir al error al consumidor -expone José María Ferrer-. Le puedes dar toda la información que quieras. Pero lo que no se admite es que sea tendenciosa o que le incite a pensar algo que no es… y no se lo aclares. Vivimos con la picaresca: te digo más o menos lo que es, pero no te lo termino de explicar”.

Es lo que sucede con la miel. En principio, es uno de los productos que, por ley, debe indicar su origen. Y así lo hacen, otra cosa es que realmente nos enteremos de su origen. “De toda la miel que tomamos, solo el 18% es española”, señala Beatriz Robles. ¿Qué se pone en las etiquetas? O bien “mezcla de mieles procedentes de la UE”, o bien “mezcla de mieles no originarias de la UE” o “mezcla de mieles originarias y no originarias de la UE”. “El problema es que no hay obligación de poner los porcentajes. De modo que puede ser un 2% de España y el 98% restante de China”.

Foto: iStock.
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Todos estos ejemplos, aunque con luces y sombras, se ajustan a la legalidad. Una cuestión diferente son los fraudes, los delitos. Este mismo verano, Francia alertaba de un fraude con el vino rosado. Allí, las autoridades habían destapado un secreto a voces: que buena parte del vino rosado español que se importaba terminaba comercializándose como si fuera de origen francés. La investigación, llevada a cabo en 2016 y 2017 por la Dirección General de la Competencia, el Consumo y la Represión de Fraudes, ha hecho una primera estimación del fraude: 70.000 hectolitros, que equivalen a más de 10 millones de botellas.

“Aquí ya estamos hablando de un delito. Hay una intencionalidad clara de engañar al consumidor”, explica Ferrer. Es algo similar a lo ocurrido con el aceite de oliva exportado a Italia y que termina vendiéndose en terceros mercados, como Estados Unidos, bajo bandera italiana. “Hay que distinguir entre las prácticas que están en una zona oscura, poco clara, y aquellas que directamente son un fraude -concluye Beatriz Robles-: el aceite de oliva está obligado a citar su origen”.